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Las declaraciones de la primera semana de la investigación a cargos de Igualdad han dejado más interrogantes que respuestas convincentes. Lejos de cerrarse las dudas se han abierto nuevas puertas. Especialmente dura fue la comparecencia de Isabel Serra, la directora territorial de Igualdad. En ... un momento dado, tras cerca de 40 minutos de quiebros y descargas de responsabilidad en subordinados y superiores, el juez pareció hartarse de tanta finta a la cuestiones nucleares del interrogatorio.
Fue entonces cuando se mostró «perplejo» ante la sucesión de acontecimientos de aquel verano de 2017. El juez le recordó el escenario a Serra. Es decir, un centro de cogida con menores tutelados; unas actuaciones en febrero con técnicos de la conselleria, unas diligencias de investigación penal en julio por abusos de menores de un educador, oficios de la fiscal de Menores pidiendo información a Igualdad de por qué no se le informó, la judicialización de los hechos y, por último, la correspondiente orden de alejamiento. «¿Cómo es posible que todo esto sea desconocido por personas que le reportan y por usted misma? ¿Cómo fluye la información para que algo tan serio no llegue a su conocimiento?», le reprochó.
«No sabría decirle en qué momento fuimos conocedores. Lo hicimos porque pensamos qué era lo que teníamos que hacer», indicó para justificar la apertura de ese expediente de información reservada pese a que existía un procedimiento judicial en marcha. Un aspecto que ha quedado claro para el juez tras la entrega del auto judicial por parte de otra responsable de la Administración, Carmen Fenollosa.
Serra fue preguntada por los oficios de la Fiscalía de Menores en los que se reclamaba información y no fueron contestados de manera inmediata. «Me cuestiono el sistema de comunicación de la Conselleria con la Fiscalía», concluyó el juez. En definitiva, el juez no entiende cómo se produjo ese cauce de transmisión y no existe acuse de recibo de las contestaciones que se hicieron al ministerio público. «No lo sé», dijo la declarante. Llamó la atención también al magistrado que el intervalo de esos escritos, el subsecretario de Igualdad enviara un oficio pidiendo la máxima colaboración con la Fiscalía. «¿Sabe usted a qué pudo deberse?», inquirió.
El centro Niño Jesús, donde se produjeron los abusos por parte del exmarido de Mónica Oltra, por otra parte, contaba con un protocolo de pautas de intervención ante la sospecha de que se produjeran este tipo de sucesos. El documento, de una hoja, fue entregado por la psicóloga de las instalaciones durante su declaración ante el juez de la semana pasada. El escrito no tiene fecha, aunque sí cuenta con un sello de las dependencias, según la observación del instructor.
El protocolo consta de dos apartados, uno para el análisis de los posibles casos y otro para el momento en el que la sospecha ya parece haberse materializado. Es bajo este epígrafe donde se recoge la necesidad de «escuchar y acoger el relato», «no poner en duda el relato» y «creer al niño o la niña lo que te cuente», entre otras puntos del citado informe.
El juez leyó durante la comparecencia el documento. De igual modo, otra de las cuestiones que se recogen en la guía de actuación es derivarlo a una atención especializada si «el relato resulta creíble y coherente». La profesional incidió en que cuando suceden estos asuntos deben trasladarlo a la Conselleria. «Rendir cuentas ante los superiores».
El instructor reparó precisamente en esa referencia a los superiores y le preguntó si recibían órdenes de la Conselleria. «No sabría, no sé si son órdenes, pero teníamos que justificar o explicar...» Esto se encontraba relacionado con las evaluaciones que se hicieron por parte de una técnico de la conselleria y la necesidad de comunicarles los hechos denunciados en el centro Niño Jesús.
La investigación a los cargos de Igualdad no ha hecho más que comenzar y ya suma 13 investigados. Dos de estos imputados son personal del centro. El resto pertenecen todos al departamento autonómico. La causa fue iniciada por el presidente de España 2000, José Luis Roberto, que representa a la menor. También ejercen la acusación Vox y una entidad presidida por la tertuliana Cristina Seguí.
Pero las últimas imputaciones, entre las que se encuentra la directora general de Infancia, Rosa Molero, primera alto cargo salpicada por estas diligencias, ha sido propuesta directamente por el instructor. La vicepresidenta Mónica Oltra insiste una y otra vez en que todo este asunto se trata de «una cacería de la extrema derecha».
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