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La trama de corrupción que encabeza Mariano López, suegro de Marcos Benavent, ha deparado enormes y desagradables sorpresas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una de ellas fue descubrir la escasa colaboración del Consistorio de Requena a la hora de facilitar las pesquisas.
Los agentes pidieron en su día al Ayuntamiento la justificación de los trabajos efectuados por Técnicas Legales Administrativas, la mercantil pantalla que utilizaba López para canalizar el cobro de supuestas comisiones. Se trata de dos facturas del año 2014 que fueron abonadas por decisión personal del alcalde, Javier Berasaluce, pese a la oposición de la interventora del municipio.
El Consistorio, en su supuesto intento por colaborar con la Justicia, envió dos cajas de documentación a la UCO donde debía encontrarse el material que probaría los trabajos. Nada más lejos de la realidad. Cuando los agentes se dispusieron a abrir las cajas descubrieron que se trataba de ordenanzas de Zaragoza y de Alicante, decenas de papeles que nada tenían que ver con la investigación en cuestión.
El enfado de los agentes y la Fiscalía Anticorrupción es monumental porque un Ayuntamiento en vez de ayudar en el avance de las pesquisas ha logrado justo lo contrario, retrasarlas. Los especialistas de la Guardia Civil, lógicamente, tuvieron que revisar todo ese material con la evidente pérdida de tiempo y recursos. Se desconoce quién fue el encargado de enviar los tomos de documentación y si esto se hizo de manera deliberada. Pero una mínima comprobación por cualquier responsable hubiera bastado para evitar lo que se podría calificar como una burla a la actuación policial.
Este nuevo vértice de las pesquisas surgió a raíz de la investigación del amaño del call center, el centro de atención telefónico de la Diputación, un contrato de más de un millón de euros. López presuntamente recurrió a sus contactos políticos para lograr la adjudicación a Servimun, empresa que luego le gratificó por sus servicios con diferentes transferencias a la citada empresa pantalla, según apunta la investigación judicial. En el rastreo de la actividad de la mercantil aparecen diferentes trabajos para el Ayuntamiento de Requena pese a que la empresa no contaba con trabajadores. Sólo constaba la cuñada de López. El suegro de Benavent había sido, además, el presidente de los empresarios de la comarca de La Costera, lo que le permitió establecer fluidas relaciones de poder.
La jueza ha acordado la imputación del exalcalde Javier Berasaluce, que ordenó el pago pese a la resistencia de la interventora. De igual modo, incluyó la citación de su sucesor, Mario Sánchez, en la misma condición de imputado. La instructora ha abierto una pieza separada para analizar todos estos indicios. De esta forma se evita que las nuevas diligencias afecten a la investigación del call center, ya en su recta final. En estas pesquisas se supervisa también la contratación de la firma Servimun con Enguera, donde el cobro de una factura ha salpicado a un asesor de la Diputación en la etapa de Jorge Rodríguez.
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