El PP se retira de la causa del mapa escolar y aboca el caso al archivo

La causa del mapa escolar que había llevado al procesamiento de María Oliver, exportavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Valencia y exasesora de la Vicepresidencia segunda que encabeza Rubén Martínez Dalmau, ha llegado a su fin. El PP ha decidido retirarse como acusación particular y su movimiento tiene la consecuencia directa de que se archivará el procedimiento.

La decisión de los populares tiene lugar después de que la Fiscalía cambiase de criterio y ya no percibiese un posible caso de prevaricación y malversación en la actuación de Oliver y de José Manuel Rodríguez, profesor universitario que participó en la elaboración del mapa escolar y exmiembro de la dirección autonómica de Podemos. El ministerio público, que en un primer momento sí que veía indicios de delito, modificó su postura original tras la presentación, por parte de la defensa, de un informe elaborado por un perito que apuntaba que la actuación era ajustada a Derecho. Del mismo modo, se restó importancia a las posibles irregularidades en la adquisición de un iPad, una cámara de fotos o un ordenador portátil que el Ayuntamiento consideró no subvencionables al no superar la cuantía de 120.000 euros, por lo que no podría constituir un delito contra la Hacienda Pública.

El hecho de que la Fiscalía descartase seguir adelante con el procedimiento dejaba a la acusación particular ejercida por el PP como el único capaz de continuar con la causa. Ahora que se han retirado, el archivo está asegurado y tan solo es cuestión de tiempo que se confirme por parte del juez. La salida de los populares sorprendió ya que el partido fue el que inició este caso a raíz de una denuncia interpuesta por Luis Salom, asesor en el Ayuntamiento de Valencia. Ante la imposibilidad de pedir el sobreseimiento de la causa al haber sido la formación la que judicializó el caso tan solo quedaba la opción se retirarse.

Fuentes del PP aseguraron que su retirada responde a diferentes cuestiones pero que ha sido determinante el cambio de criterio del ministerio público así como que se rechazase su petición de llamar a declarar al perito que elaboró el informe. El tema económico también influyó en la decisión del PP ya que desde la formación sabían que si continuaban y llegaban al juicio podían ser condenados a pagar unas costas que cuantificaron en hasta 40.000 euros. Una aportación elevada para un partido que ha tenido que recortar gastos tras los discretos resultados de las últimas citas electorales.

A esta situación es necesario añadir el contexto del PP local, que ya no veía como una prioridad continuar con la causa con el nuevo Gobierno ya que, tras las elecciones municipales del pasado mayo, Unidas Podemos se quedó sin ningún representante en la capital y salió del Ejecutivo que encabeza Joan Ribó. El único cargo salpicado que seguía en activo era Oliver, pero estaba en una institución autonómica como es la Vicepresidencia segunda del Consell.

El procesamiento de Oliver en esta causa había llevado a Martínez Dalmau a cesar como asesora a la exportavoz de Podemos el pasado 30 de noviembre. Desde la Vicepresidencia segunda se remarcó que aún es pronto para hablar de una posible vuelta ya que la causa tiene que ser archivada de forma definitiva pero se dejó abierta esta posibilidad y se apuntó que este será un tema que se tendrá que abordar en el futuro por parte del equipo de la conselleria.