El decreto ley que el Consell aprobó de urgencia a principios de mes para tratar de paliar los efectos de la guerra y que, finalmente, tendrá que acabar retirando por los errores jurídicos que contiene, está a punto de convertirse en otro de los ... puntos de fricción entre socios en esta última recta final de la legislatura. Presidencia anunció ayer que el texto legal que se aprobó no se publicará finalmente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), y por tanto no entrará en vigor, porque se optará por redactar un decreto nuevo que se ajuste a las observaciones de la Abogacía de la Generalitat y, además, se redacte bajo el paraguas de la misma norma, a nivel estatal, que ha aprobado el Gobierno central.
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Sin embargo, no todos los actores del Botánico parecen ser conocedores de esos planes. Distintas fuentes del Consell aseguraron ayer no saber nada de los planes para sustituir un texto por otro, porque hasta la víspera de vacaciones se trabajaba en intentar solventar el decreto ley que fue aprobado. De hecho, las mismas fuentes reconocían no saber cuál será la solución que se adoptará finalmente, ya anunciada por el Palau.
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El decreto ley, la herramienta elegida, se justificó en la urgencia necesaria para tomar las medidas que debían hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania. El Consell tuvo problemas internos para cerrarlo, pero llegó finalmente al pleno del 1 de abril con acuerdo y un documento de más de 60 páginas en el que aprovechaba la coyuntura para modificar hasta una veintena de normas que, en algunos casos, poco o nada tenían que ver con la guerra de precios o los problemas económicos.
Pero, un informe de Abogacía firmado horas antes, ha acabado por enviar el decreto a un cajón sin ni siquiera ver la luz. Se encuentra en un limbo porque, si bien fue aprobado por el Consell, nunca ha entrado en vigor ni ha sido convalidado por Les Corts.
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El informe de la Abogacía, que tiene carácter preceptivo, avisaba a lo largo de 116 páginas, de las distintas anomalías en las que incurría el texto legal. Entre ellas, hablaba del carácter excepcional que debe tener el texto para ser aprobado como decreto ley. «Esa urgente y extraordinaria necesidad no puede simplemente identificarse con la existencia de un interés público en regular, prever o aprobar determinadas instituciones jurídicas o medidas públicas, ya que dicho interés público debe concurrir en toda elaboración de una norma e instrumento que contenga medidas jurídicas de carácter público o simplemente administrativas», rezaba, y recordaba que ese carácter restrictivo tiene su origen en la división de poderes, por lo que «debe evitarse que legislando de esta manera excepcional se convierta al poder ejecutivo en un poder co-legislativo». Una marcha atrás administrativa que amenaza con traer problemas a la vuelta de vacaciones.
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