Más retrasos en Imelsa: el fiscal pide al juez que aclare que Benavent trabajaba para el PP

Ahora, desde la acusación pública rechazan una de las afirmaciones que recoge el auto, cuando se menciona que Marcos Benavent trabajaba en realidad para la Conselleria de Educación en vez de para la entidad Jaume II el Just, dirigida por su amigo Vicente Burgos, primer marido de Alcón.

El fiscal recurrió el auto para que se incluyera el sueldo que recibió Benavent (164.000 euros) sin desempeñar ninguna función. Pero el instructor, en su relato, añade que desempeñaba «funciones propias de asesor de la Conselleria», coletilla, a juicio del fiscal, innecesaria y que podría dar una salida a la acusación de un supuesto delito de malversación. Esos hechos «no se ajustan a la resolución de la Audiencia». En realidad, es todo lo contrario «ya que dijo que trabajaba para el Partido Popular», según acreditarían declaraciones de testigos y la firma de los contratos.

Este auto supone el cierre de la investigación y aboca a los procesados al banquillo. Los hitos temporales de esta resolución son difícilmente entendibles. El asunto estuvo cerca de un año y medio parado en el juzgado sin motivo.

El primer auto de procesamiento se dictó en octubre de 2021. Al mes siguiente, la Fiscalía recurrió la decisión para incluir a Vicente Burgos y el cobro de la remuneración de su colaborador. Lo sorprendente es el silencio del órgano hasta marzo de 2023 cuando el titular rechaza las alegaciones de la Fiscalía. Durante este lapso, de 17 meses, se impidió a la Fiscalía buscar amparo en la Audiencia.

La Fiscalía teme que en este segundo recurso vuelvan a repetirse estos inasumibles plazos de espera. Al final son retrasos que, en caso de una condena, terminan beneficiando a los acusados. La inactividad del juzgado se transforma en la apreciación de las dilaciones indebidas. Por ejemplo, la sección Segunda, en el caso de los zombies de Imelsa, terminó por reconocer que el asunto estuvo estancado tres años en el juzgado sin explicaciones.

Los retrasos en el caso Imelsa han sido una constante que ha lastrado, en buena medida, la investigación de la causa. Las quejas de Anticorrupción, con mayor o menor intensidad, se han repetido a lo largo de los años. Las diligencias arrancaron bajo secreto en 2015. Recientemente se produjo otro escrito en el que se reclamaba agilidad para determinadas pruebas, pendientes desde meses atrás. Esto llevó a la reacción del juzgado que finalmente sacó el auto de la pieza del Ayuntamiento, el que ahora se recurre por segunda vez, e impulsó la investigación de la financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva con la citación judicial de varios imputados. Fundamentalmente empresarios, sospechosos habituales de las tramas de corrupción.