Revés del TSJ a la Abogacía en el expediente de Francis Puig

Nuevo revés judicial para la Abogacía de la Generalitaten la causa que el PP mantiene abierta para reclamar a la Conselleria de Economía los expedientes sobre la investigación a Francis Puig por el pacto de precios para llevarse un contrato en À Punt.

La Generalitat mantiene que no puede entregar esa documentación por una cuestión de confidencialidad de los datos de las empresas y personas que están siendo investigadas. Pero la Fiscalía, en un informe de hace unos meses, ya reprochó esta actitud del departamento autonómico porque, en definitiva, dificulta la labor de oposición del PP.

La Abogacía ya adelantó que iba a pedir un informe a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ratificara la posición de la conselleria. Ese dosier fue elaborado hace unos meses, pero el TSJ ha rechazado su incorporación al asunto. No tendrá ningún valor probatorio.

En una providencia, la Sala de lo Contencioso del TSJ recuerda a la Abogacía que no se trata de un dictamen elaborado por perito designado por la parte demandada, el supuesto previsto en el indicado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en el caso de que se admitiera -en un sentido generoso de esa interpretación de perito- esta no puede constituir elemento probatorio por cuanto «no plasma hechos, sino estrictamente un parecer jurídico emitido por la asesoría jurídica» del citado organismo. El TSJ ya ha cerrado el expediente y ha fijado el próximo día 2 de diciembre como la fecha para la deliberación del asunto.

Los funcionarios de la Generalitat subrayaron en su día que el Reglamento de Competencia ya establece la «confidencialidad» de las actuaciones incluso para los propios interesados, es decir, las personas que están siendo investigadas porque se deben proteger «los secretos comerciales»

Los hechos de este expediente se remontan a 2019 cuando À Punt sorprendió a siete productoras valencianas en un supuesto pacto de precios para repartirse parte de un concurso de servicio de imágenes dividido en doce lotes y por un valor total de 323.000 euros. Una maniobra prohibida por la ley de Contratos del Sector Público. Entre esas empresas figuraba la productora de Francis Puig y las de sus socios, los hermanos Adell Bover, tal y como publicó LAS PROVINCIAS.

No es la primera vez que la Administración valenciana parece enrocarse en la opacidad en este delicado asunto que compromete a la familia del máximo dirigente del Consell. La falta de transparencia de las diferentes administraciones ha terminado habitualmente con pronunciamientos de la Justicia favorables al ejercicio de esa responsabilidad con los ciudadanos. En este caso, el contencioso administrativo fue planteado por la diputada popular Eva Ortiz.

La Generalitat confía en que la solicitud de los populares sea rechazada. Sin embargo, para el caso que la petición sea estimada por el TSJ, plantearon que la responsable del PP no pueda tener acceso íntegro al expediente sino que simplemente pudiera consultar la documentación, pero sin hacer una copia de los papeles. Tampoco podría hacer fotografías y el proceso se efectuaría siempre en presencia de un funcionario de la conselleria. La respuesta, el próximo mes de diciembre.