La UCO revisa las cámaras de las naves donde se manipularon archivos de Erial

La Operación Erial, investigación que ha dado con Eduardo Zaplana en la cárcel, se ha convertido sorprendentemente en una china en el zapato de la Generalitat. La presencia en las naves de Riba-Roja (previa a la detención del expresidente de la Generalitat) de un funcionario, familiar de altos cargos del PP, en el área se guardan expedientes vinculados a las adjudicaciones judicializadas ha disparado las alarmas en el Consell del Botánico.Alfonso Roselló es jefe de área en la actual Administración autonómica. A pesar de que altos cargos de Compromís han querido desvincular al funcionario de los equipos de dirección del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, el antiguo Impiva), fuentes del Consell señalan que Roselló (marido de Auxiliadora Hernández, exsecretaria autonómica, y cuñado de Maritina, consellera durante la etapa de los populares al frente del Gobierno valenciano) ocupaba un cargo de libre designación y era una persona que Julia Company, la actual directora del Instituto Valenciano, había mantenido como uno de los responsables de los servicios de la Generalitat.

Roselló fue uno de los cuatro funcionarios que el pasado 22 de mayo acompañaron a los agentes de la UCO que visitaron las naves de Riba-Roja donde el Gobierno valenciano guarda sus archivos. Una semana antes había estado allí. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que el funcionario no comunicó a los agentes su presencia previa a la detención de Zaplana, y que tras conocerse, la Guardia Civil solicitó revisar las cámaras de seguridad instaladas en las naves para comprobar qué había pasado. Fuentes de la Generalitat señalan que el funcionario asegura que él visitó las naves, pero no la zona donde estaban los documentos relacionados con las adjudicaciones que se investigan en la Operación Erial. Roselló era uno de los acompañantes, al igual que otro funcionario del Ivace así como miembros de la Dirección General de Energía.

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, de quien dependen el Ivace, confirmó ayer la apertura de un expediente informativo, que gestionará Transparencia, para esclarecer si el responsable de Recursos Humanos del instituto estuvo consultando documentación sobre el Plan Eólico de la Comunitat días antes de la detención de Zaplana. «Vemos que hay muchísimas cosas muy raras porque los folios, según nos han dicho, estaban por encima, no dentro de las carpetas», desveló el conseller.

La UCO se personó el mismo martes que detuvo al expresidente en la Conselleria de Economía para pedir documentación. «Debemos ser cautelosos, trabajando desde el rigor, y hasta que no sepamos toda la información no podemos afirmar absolutamente nada», indicó Climent, que confirmó que Company ha firmado la apertura del expediente informativo para recabar toda la información posible. Fuentes de este departamento señalaron que se instruirá desde Transparencia «para evitar corporativismo».

Climent confió en que Rosell no se haya llevado información, si bien admitió lo extraño de la situación. La dirección general del Sector Público de la Conselleria de Hacienda ha dado la instrucción de que se haga una revisión de todas las personas que han accedido desde principios de año al centro logístico de la Generalitat donde se guardan expedientes relacionados con el caso Erial, según señalaron ayer fuentes del departamento de Vicent Soler. Dos inspectores nombrados por la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat, dependientes de Transparencia, se encargarán de instruir el expediente informativo al funcionario, en una investigación que empezará hoy, según fuentes de la conselleria que dirige Manuel Alcaraz. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, consideró ayer «muy negativa» la consulta de documentación sobre el Plan Eólico. El jefe del Consell recordó que esta situación «tiene que ver con el entramado tan capilarizado que tenía» el PP en la Comunitat. Puig señaló que ayer hace «23 años que el PP ganó las elecciones, hoy hace 23 años que Eduardo Zaplana empezó lo que ha acabado ahora siendo una gran historia de fracaso no solo por el robo masivo y sistemático, sino también por el robo al imaginario colectivo».

El plazo para la conclusión de la investigación no está marcado, sino que dependerá de la complejidad de la actuación que haya que desarrollar, según Transparencia. La IGS nombrará dos inspectores y se iniciarán las actuaciones pertinentes en función de las necesidades, por lo que esta misma semana se llevarían a cabo las primeras actuaciones en caso de que se acepte la solicitud, según Transparencia.