Revocan el procesamiento de Benavent y ordenan imputar al exfinanciero de Imelsa

Era la primera investigación finalizada sobre el amaño de contratos y cobro de comisiones desde la empresa pública Imelsa. Era, en teoría, el primer juicio que se iba a celebrar sobre la polémica gestión en la ahora denominada Divalterra. Pero todo lo anterior ha quedado en el aire. La Audiencia de Valencia ha revocado el procesamiento del exgerente de Imelsa Marcos Benavent. La Sala considera que las pesquisas no están agotadas y que, además, debe considerarse de nuevo como investigado al que fuera director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch.

La investigación de esta causa no se ha tramitado en Instrucción 18 sino en otro juzgado de la ciudad de Valencia. Fue una de las primeras denuncias que presentó la empresa pública nada más huyó Marcos Benavent. Una estrategia, impulsada entonces por Alfonso Rus, para evitar parecer cómplice del exgerente y asumir directamente el protagonismo para aclarar las irregularidades en la sociedad.

En este caso se trataba de un contrato de 49.955 y se pactaron cuatro pagos de unos 11.000 euros. La trama consistía en ingresar el dinero público de Imelsa en la empresa Instalaciones Eléctricas Proacti SL sin que constara contraprestación. El propio empresario ha reconocido que se le adelantó el dinero, en teoría, para unos talleres de trabajo en Llutxent. Nunca se realizaron las actividades. El propio industrial investigado lo ha reconocido.

Especialmente llamativo resulta el papel que desempeñó en esta historia el entonces director financiero, José Enrique Montblanch. La Audiencia estima los recursos presentados por la propia Divalterra y por la fiscalía y reintroduce en el procedimiento a Montblanch como investigado.

La Sala sostiene que «no es irracional» establecer que era necesaria la «colaboración» para la ejecución del plan porque al final «es el que daba la orden de pago de las facturas que se le presentaban sin el correspondiente respaldo documental». Los magistrados consideran que con un «mínimo control y la intención de actuar legalmente no se hubiera producido la ilícita transferencia de fondos».

El auto aclara que esa vigilancia no tiene nada que ver con el supuesto control de las obras o actuaciones sobre el terreno, «pero sí le era exigible un control de las órdenes de pago; una mínima corroboración». La Audiencia apunta a que su actuación puede ser la de un «cooperador necesario» en el fraude. De igual modo, otro indicio que cuestiona la ejemplaridad de la conducta de Montblanch es el número de las facturas que se pasaron al cobro. Se trataba de números correlativos (1,2,3) lo que debió llamar la atención siendo finales de año y que, además, tenían diferentes días de emisión.

La resolución también critica la «bondad» del juez instructor quien en su día decidió archivar el procedimiento contra Montblanch porque en la actualidad la empresa cuenta con un procedimiento de control que dificulta la repetición de unos hechos similares. La Sala responde al juez que su argumento igual serviría para archivar que para mantener la imputación. Así, si estas medidas de control se han establecido es porque el actual responsable lo tiene como algo propio de sus cometidos y que para nada excede de sus competencias.

El caso regresará al mismo juzgado donde deberán practicar una serie de diligencias para profundizar en la investigación. Entre ellas, según adelantan ya los magistrados de la sección Cuarta de la Audiencia, aclarar qué relación existía entre la firma Instalaciones Eléctricas y Gestiones Inmobiliarias Velmor que es la mercantil donde terminan finalmente los fondos públicos.

El empresario reconoció durante la instrucción que atravesaba dificultades económicas y que se quedó el dinero sin que la actuación llegara nunca a ejecutarse. El arrepentimiento del investigado se traduce en que cada mes aporta unos 1.000 euros para reparar la cantidad desviada. A estas alturas ya ha reintegrado más de la mitad de los fondos defraudados, según informaron en su día fuentes conocedoras de este depósito.

Otras piezas separadas del conocido como caso Imelsa, estas ya en Instrucción 18 -el órgano que lleva el grueso de las pesquisas derivadas de la macrooperación policial que terminó con el arresto de Alfonso Rus- , están próximas a su finalización. Las más avanzadas son precisamente las que hace referencia a los zombies -empleados que cobraban un sueldo sin ir a trabajar- en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa. El fiscal ha pedido acumular ambas investigaciones en una sola causa. Pero todavía no hay pronunciamiento del juzgado respecto a esta solicitud.