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Mónica Oltra no recibe desde hace años buenas noticias judiciales. Primero fue la condena de cinco años de cárcel a su exmarido por abusos sexuales ... a una menor tutelada. Más tarde, la investigación judicial por la gestión de esa denuncia y un supuesto encubrimiento, asunto que terminará en juicio los próximos meses. En paralelo a ese complicado camino judicial se abrieron otras derivadas como la querella de Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud, por vincularle con una presunta una trama que manipuló a la menor víctima de abusos para iniciar un proceso contra los responsables de la Conselleria de Igualdad. Ahora, sin embargo, el empresario ha desistido de su acción judicial que podía terminar en un eventual juicio por injurias y calumnias, aunque en última instancia toda se había reconducido a un proceso civil, es decir, a reclamar una indemnización.
Las controvertidas afirmaciones de la exvicepresidenta se produjeron durante el programa Salvados, una entrevista -la primera y única que ha dado Oltra desde que se conoció su imputación- que todavía empeoró más su imagen pública. No fue un cuestionario sencillo ni su situación personal ni procesal permitía tampoco una gran defensa. Era diciembre de 2022. Fue entonces donde aludió a que todo este proceso, la investigación en su contra y de otros responsables de Igualdad, aludía a un complot de la extrema derecha, a «una cacería política» para apartar a la vicepresidenta de la política. Una circunstancia que, en efecto, se produjo tras su imputación y que, finalmente, derivó en la pérdida del Botánico. Compromís se desplomó en las siguientes elecciones y no se pudo revalidar un gobierno de sensibilidad progresista.
Alberto de Rosa, máximo responsable de Ribera Salud, mantiene que aquellas afirmaciones no fueron acertadas, pero quiere pasar página en un escenario que hoy resulta completamente diferente al de aquellos años. «Tras la Dana, tomé la decisión de que era mejor centrarme en pensar en el futuro y en la ayuda en la reconstrucción y no perder el tiempo en el pasado y menos en lo negativo», ha explicado el empresario.
En el programa de televisión, Oltra no dudó en explicar una imagen que para ella era una de las claves de todo el proceso judicial. Era una fotografía, tomada en la estación del AVE, donde aparecía Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP Fernando de Rosa; el expresidente Francisco Camps, y la polemista Cristina Seguí, una de las fundadoras de Vox.
A todos ellos les atribuía un interés particular en terminar con su carrera política. A Camps el hecho de haber destapado la corrupción de sus gobiernos, aunque el exdirigente nunca ha sido condenado. Al empresario que, como producto de la reversión de dos áreas hospitalarias, el retorno de la gestión a la sanidad pública, había perdido cerca de 100 millones de euros de ingresos. Y respecto a Seguí, recordaba que ejercía la acusación popular contra ella en la investigación sobre el supuesto encubrimiento. Lo hacía a través de una asociación.
No ha sido esta la única decisión judicial de de Rosa sobre los procedimientos judiciales contra Compromís. En su momento, ya adelantó otra querella por unas acusaciones de Carles Esteve, diputado en Les Corts, por un supuesto uso «privativo, privilegiado e injustificado» que hizo el directivo de Ribera Salud del Hospital Universitario del Vinalopó, centro público gestionado por su empresa. «Estamos ante un uso fraudulento de recursos públicos durante la atención prestada al presidente de Ribera Salud, grupo que mantiene la gestión privatizada del centro a pesar de ser de titularidad pública», proclamó desde el hemiciclo para, a continuación, interpelar a Mazón sobre el futuro de esas instalaciones. Tanto De Rosa como el propio hospital negaron que se hubiera producido un trato de favor durante la atención de urgencia por un problema cardiaco.
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