Rius señala a Rodríguez como firmante de los catálogos impresos antes de adjudicarse

Xavier Rius declaró el pasado miércoles ante el juzgado de Instrucción 1 de Valencia en calidad de investigado en una querella presentada por el PP a causa del modo en que el MuVIM, principal museo de la Diputación de Valencia, gestionó la realización de los catálogos de una de las exposiciones con las que arrancó la legislatura. Su declaración como imputado se prolongó durante tres cuartos de hora. El portavoz de Compromís miró hacia arriba y hacia abajo en la escala jerárquica de la corporación provincial durante su comparecencia ante el juez para eximirse de cualquier responsabilidad.

Hacia arriba, cuando precisó que las adjudicaciones fueron firmadas por el entonces presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, en julio de 2016. Dos años después, el socialista, actual alcalde de Ontinyent y candidato del PSPV a revalidar mandato, dimitió tras su detención en la Operación Alquería. Rius precisa en su declaración judicial que fue Rodríguez quien aprobó la adjudicación de dos tiradas del catálogo a dos empresas que, en realidad, eran de la misma persona y que, además, imprimieron los ejemplares meses antes de culminarse la contratación.

Hacia abajo, cuando Rius señaló a los técnicos a la hora de ofrecer explicaciones sobre la coincidencia en las dos adjudicatarias impresoras, así como ante el hecho de pedir supuestos presupuestos alternativos a una competencia que no era tal (porque una de las firmas a las que se le pide es de la hija del beneficiario), así como por la impresión previa a su adjudicación.

Fuentes vinculadas al proceso judicial puesto en marcha en el juzgado número 1 de Instrucción señalan que Rius precisó ante el juez que en los meses durante los cuales se realizó la adjudicación, el verano de 2016, la disposición económica en Cultura estaba derivada a Presidencia, lo que explica que los decretos de los catálogos de la querella estén firmados por Rodríguez, pues la libertad de movimientos para Rius era en el caso de encargos menores a 5.000 euros.

En el caso de los dos catálogos, el encargo, sin concurso, se tramitó por un valor situado en el límite que entonces estaba establecido para los contratos menores, 18.000 euros, se encargaron a dos empresas que eran del mismo administrador, también imputado y que el miércoles reconoció ante el juez ser el propietario de las beneficiadas. Es cierto que la adjudicación y el pago los firmó Rodríguez. Tan cierto como que la propuesta de decreto donde se proponía a quién encargar la impresión los rubricaba Rius, que ante el juez señaló que, como ocurre en otros casos, fueron los técnicos los que elaboraron la documentación.

El expresidente Rodríguez aprobó en julio de 2016 la realización del mismo catálogo de la exposición en dos tiradas distintas, una en tapa blanda y otra en tapa dura. Son dos adjudicaciones por el mismo valor, 17.300 euros sin IVA, contratos menores encargados a dos imprentas (Martin Impresores y Campgráfic), con el mismo administrador único, José Luis Martín, y rubricadas a través de sendos decretos publicados con tan sólo tres días de diferencia: 5 y 8 de julio de 2016, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS en septiembre de ese mismo año. Pocos días más tarde de publicarse la noticia, en el pleno de la Diputación, la portavoz del PP, Mari Carmen Contelles (que ha sido la que posteriormente denunció la situación), Rius calificó el asunto como una «difamación» y aseguró que «los técnicos reparten los libros siguiendo la manera habitual desde hace muchos años». Al parecer, se trata de una de esas ocasiones en que Compromís no quiso romper con las supuestas tradiciones, lo que ha terminado en los juzgados.

En el catálogo se explica que el volumen «se terminó de imprimir» por parte de la imprenta adjudicataria «en el mes de marzo de 2016». De hecho 'La modernitat republicana a València. Innovacions i pervivències en l'art figuratiu (1928-1942)' se pone a la venta y se indica que su fecha de publicación es del 1 de abril. Sin embargo, la propuesta de contratación de ese servicio es de finales de abril, firmada por el propio Rius. La adjudicación definitiva se produjo a principios de julio, tres meses más tarde de estar finalizado el trabajo de impresión. Una secuencia irregular que se repite en el segundo catálogo, y con informes justificando la situación que se escudan en una petición de varios presupuestos, pero a solicitados a empresas vinculadas entre sí, en algún caso hasta con parentesco directo.