Perfil: Rodríguez, un aspirante a liderar el PSPV salpicado por la corrupción

Jorge Rodríguez, detenido por la policía en el marco de la Operación Alquería contra la corrupción en la empresa pública Divalterra, llegó a la presidencia de la Diputación de Valencia en el verano de 2015 con el respaldo de Ximo Puig y como apuesta personal de José Manuel Orengo, después de lograr una clara mayoría absoluta en Ontinyent, donde es alcalde. El idilio con lo que en su día se conoció como el 'clan de Gandia', el influyente núcleo de poder socialista fiel a Puig asentado sobre esa agrupación, apenas duró seis meses. Ese fue el tiempo que dos de sus representantes más señalados, Orengo y Josep Ramon Tiller, tuvieron para abandonar sus puestos como jefe de gabinete y cogerente de Imelsa, respectivamente, debido a las discrepancias con el presidente de la institución provincial.

Rodríguez no ha dejado de tener desde entonces la percepción de que no cuenta con las simpatías del Palau de la Generalitat. No se trata de un enfrentamiento institucional como tal -la corporación provincial valenciana ha atendido el papel que le ha solicitado la Administración autonómica para aportar la liquidez necesaria en algunas de sus iniciativas- es desconfianza política, generada como consecuencia del poder adquirido por Rodríguez a su llegada al Palau de Batlia. El dirigente provincial ha expresado en privado en alguna ocasión que estaba llamado a convertirse en la principal referencia de futuro del socialismo valenciano. Y la reflexión, que llegó al Palau -a escasos cincuenta metros de la Diputación- fue convenientemente anotada.

El presidente de la Diputación y su influyente jefe de gabinete, Ricard Gallego (que sustituyó a Orengo y también ha resultado salpicado en la Operación Alquería), han venido dejando pistas de las ambiciones orgánicas del alcalde de Ontinyent. El amago de presentarse a la carrera por el liderazgo provincial del partido -en la que terminó imponiéndose Mercedes Caballero, de la mano de José Luis Ábalos- dibujó con meridiana claridad la ruptura entre Rodríguez y Puig, que evitó respaldar la candidatura del presidente de la Diputación, temeroso quizá de que asumiera un poder excesivo.

Previamente, el alcalde de Ontinyent había tratado de jugar el papel de hombre fuerte de la candidatura de Puig en las primarias del PSPV. El premio obtenido, la portavocía, resulta menor para quien tenía aspiraciones mucho más altas.

Durante estos casi tres años de mandato, Rodríguez ha tenido que lidiar con algunos frentes de gestión que le han amargado la estrategia con la que pretendía mantener un perfil bajo, quizá la espera de que la convivencia entre Puig y Oltra derivara en un desgaste del primero que mejorara su posición política. Divalterra, la denominación actual de la vieja Imelsa, se ha convertido en un foco de permanente conflicto. Primero, con la salida de Tiller. Después, con los problemas de Víctor Sahuquillo que derivaron en su destitución. A continuación, el periodo de casi un año sin nombrar a quien acompañara a Agus Brines (Compromís) al frente de la empresa. Y finalmente, tras elegir a Xavi Simón, la polémica con los contratos de alta dirección que estaban en la Fiscalía Anticorrupción y que han provocado la operación policial que se ha desarrollado con detenciones y diferentes registros en la sede de Divalterra y en la Diputación de Valencia entre otros lugares.

El conflicto en la empresa pública (que arranca de la revelación por parte de este diario de un informe jurídico que rechazaba la posibilidad de aprobar esos contratos de alta dirección), ya afectaba a Rodríguez (presidente de la firma), los dos cogerentes (Brines y Simón), y el secretario del consejo, (Jorge Cuerda). Este último, nombrado por Rodríguez para poner orden en la empresa, es el autor del informe definitivo que permitió aprobar esos nombramientos pese a elaborar uno en sentido distinto sólo dos días antes.