Rodríguez rechaza dimitir y alega «indefensión absoluta»

Jorge Rodríguez asegura que no abandonará la alcaldía de Ontinyent a pesar del auto de procesamiento por el caso Alquería conocido el miércoles. El exdirigente socialista asegura que no esperaba el archivo -«era lógico pensar que el juez que autorizó esa detención y el fiscal que la solicitó no iban a archivar el caso, sino que iban a continuar manteniendo su teoría», subraya-. Por eso, confía en poder probar su inocencia «en otra instancia» judicial. Por que hasta la fecha «hemos vivido una indefensión absoluta puesto que todas las testificales o las periciales que hemos solicitado se nos han denegado de manera sistemática».

El líder de La Vall explica a este diario ese sentimiento de indefensión, y lo vincula a que «para dirimir si siete contratos estaban bien o mal hechos no hacía falta todo lo que se montó. Y más allá de la opinión, lo que es un hecho constatable es que todas aquellas pruebas que nuestras defensas han ido solicitando se han ido denegando de manera sistemática». Rodríguez asegura no tener ninguna teoría conspiranóica, pero remarca que en su caso «siempre nos han acompañado las coincidencias. Es un hecho que esta detención se produce en el momento en el que hay una vacante en la secretaría de Estado de Seguridad tras tomar posesión Pedro Sánchez. Y la apertura del secreto de sumario se produce justo en la semana que se tiene que presentar candidaturas para las elecciones municipales. Y que se produce el día que Bárcenas tiene que ir a declarar. Son casualidades un poco extrañas».

El alcalde de Ontinyent, que asegura que le han amargado la vida, explica que a su llegada a la Diputación en 2015 «heredamos una empresa agujereada por la corrupción después de los años del PP. Y pensamos que para poder poner orden en una empresa con 600 trabajadores que no habían pasado ningún proceso de selección lo mejor era nombrar un grupo de directivos que ejercieran sus funciones y trataran de poner orden en la empresa. Y optamos por la solución jurídica que se nos recomienda». ¿Y por qué no se siguen los principios de igualdad, mérito y capacidad? El exdirigente socialista señala que los servicios jurídicos «en ningún momento nos lo dicen. Lo que se dice es que el modelo que ha de ser es el de alta dirección y es por el que se opta».

Rodríguez considera que los nombramientos bajo sospecha sí que eran conocidos por el consejo de administración, puesto que allí acudieron a presentar su plan de trabajo y rendir cuentas -aunque el nombramiento no se aprobó allí-, niega haber elaborado un listado de 30 personas sospechosas de ser nombradas por el PP para despedirlas y poner a gente de su confianza y defiende la clasificación de Divalterra como de categoría I: «Tanto es así que el pasado 17 de noviembre la empresa se volvió a clasificar como grupo I, con el informe favorable del secretario y el interventor», recuerda.

Rodríguez señala a José Luis Vera, responsable del área jurídica, de quien dice que elaboró un informe que sostenía que había que sacar a concurso los 700 puestos de trabajo del conjunto de la empresa que no habían tenido proceso de selección o bien había que clasificarla. Preguntado si ve a alguien detrás de la denuncia que ha derivado en su procesamiento, afirma que «como mínimo pensamos que la suerte no ha estado de nuestro lado.