Ruptura entre Fiscalía y Generalitat por el caso de la F-1

La Fórmula 1 ha terminado por dinamitar las relaciones entre la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat. Para comprender el desenlace resultan imprescindibles los antecedentes. Hasta la fecha existía una máxima: la Abogacía va siempre de la mano de la Fiscalía en asuntos penales. ¿Por qué? Porque la lógica y la experiencia sitúan a los responsables del ministerio público un escalón -o varios- por encima de los funcionarios de la Generalitat cuando tienen un asunto de esta naturaleza. Eso no significa menospreciar la valía del profesional, excelente para desenredar algunas cuestiones administrativas, por ejemplo, en el caso Cooperación con Rafael Blasco. La Fiscalía y la Generalitat han ligado su destino en numerosos asuntos, la parte inicial de la Fórmula 1 con el caso Valmor, el Ivam, el saqueo de la depuradora de Pinedo, la primera parte del caso Cooperación y también la segunda porque aunque aunque discrepan en el pacto de penas y devolución del dinero ambos coinciden en acusar.

Pero el distanciamiento, la ruptura o incluso mejor «la desconfianza» se ha instalado definitivamente con otra derivada de la F-1, la construcción del famoso circuito y la singular actuación de la Generalitat. La juez de Instrucción 17 convirtió un asunto en apariencia sencillo -la querella inicial del fiscal- en una macrocausa sin el apoyo del ministerio público. Luego decidió en un auto de cierta contundencia procesar a Camps, altos cargos y empresarios.

La causa arrancó de la mano del fiscal Vicente Torres, propuesto primero por el Botánico -y apoyado luego en el Poder Judicial por los conservadores-para ocupar la plaza de magistrado autonómico del TSJ.

Su sorprendente salida hizo que otro compañero en Anticorrupción se hiciera cargo de las diligencias. Tras analizar el expediente, presentó un informe en el que descartaba la malversación y señalaba que la prevaricación, en caso de existir, estaba prescrita. La instructora, airada, reaccionó y reprendió al fiscal -al anterior y al nuevo-. El órdago de la jueza, lejos de apaciguar, hizo que le recetaran una dosis de su propio fármaco. En la respuesta sugirieron, entre otras perlas, que su investigación había sido prospectiva, es decir, investigar sin un objetivo definido, a la búsqueda de irregularidades. El enfado de la titular del juzgado fue monumental.

Y en ese convulso escenario, la Generalitat, en un mar de dudas, trataba por todos los medios de buscar subterfugios para no desvelar su posición, cuyo epílogo «puede llegar ser un auténtico ridículo», comentan fuentes conocedoras del caso. Así, primero dijeron que se parara el plazo hasta que se pronunciara la Audiencia. La respuesta fue negativa. Después alegaron, con los plazos ya agotados, la necesidad de una pericial para analizar las obras del circuito. Pero también se la rechazaron. En realidad, esa negativa, les ofrecía una posibilidad elegante de retirarse. El argumento podría haber sido: «Nosotros queríamos, claro. Pero sin ese informe es imposible». Pero optaron por dinamitar ese puente de plata y lanzarse a tumba abierta a un procedimiento con escasas posibilidades cuando la Fiscalía Anticorrupción defenderá la absolución. De hecho, no se puede olvidar que cuentan con un informe en contra de la Intervención que no ve perjuicio económico ni irregularidad alguna. Pero la Generalitat ha anunciado que encargará otra pericial a la Conselleria de Infraestructuras acerca de los sobrecostes. Y ya se verá en el juicio, si llega.

La Fiscalía, a lo largo de otros procedimientos, ya ha insistido en que son ellos los encargados de la defensa de lo público. Conviene recordar el escrito del mismo fiscal respecto al caso Corbín y las ansias de Ribó por personarse: «Las administraciones públicas no son representantes de la comunidad sino que es una organización puesta a su servicio». Así pues no conviene confundir la posición de la Generalitat como aquella en la que vela por el interés de todos.

El paso adelante de la Abogacía sin los informes evidencia esa postura. Algunas defensas del caso no dudan del «interés político» y uso partidista de los profesionales de la Abogacía, un departamento que en el organigrama del Consell 'cuelga' de la Presidencia de Ximo Puig. Lanzan incluso alguna reflexión: «¿Por qué el PSPV ya no se persona en las causas de corrupción?» Entre las respuestas, destaca esta: «Ya está la Generalitat que hace la misma función y encima sale gratis».

Fuentes del Consell lo niegan. Insisten en que la Abogacía actúa siempre por criterios «técnicos y profesionales» y que su objetivo siempre es recuperar el dinero. En este caso, los 55 millones de euros que aseguran que no se pueden retornar con el convenio del Ayuntamiento en el PAI del Grao. Se esfuerzan en buscar precedentes al caso Camps, pero sólo está el fraude de la concertada. En el caso de la F-1 sostienen que la Abogacía no ha cambiado su criterio y están en sintonía con la magistrada. Apuntan a que la salida de Torres es lo que ha generado ese cambio de criterio. Y en un ejercicio de ciencia ficción judicial creen que quizá con el anterior responsable la causa seguiría adelante sin división en las acusaciones.