Alfonso Rus pide al juez que levante el embargo de 24 propiedades

La velocidad de crucero de la investigación al Grupo Municipal y al exvicealcalde Alfonso Grau por blanqueo contrasta con el avance pausado del resto de piezas del caso Imelsa, aquellas en las que Alfonso Rus aparece como principal protagonista de la trama delictiva. El expresidente de la Diputación de Valencia ha comunicado al juez que no atraviesa una buena situación económica. Además, se declara insolvente y lamenta que tenga todos los bienes bloqueados por el juzgado desde hace un año.

El exdirigente popular solicita al instructor que termine con esta situación para tener oportunidad de conseguir algo de efectivo. Así, pide que le retiren el bloqueo que pesa sobre 24 propiedades. La mayoría de estos bienes, que suman un notable patrimonio, se encuentran en Xàtiva. Todos figuran a nombre de varias mercantiles, Albeba SL, Promociones MR y Fabricación y Distribución del Mueble. Los investigadores creen que, en realidad, son todos de Rus. De ahí que el juez acordara su intervención.

La defensa del exalcalde de Xàtiva, no obstante, recuerda que su representado aportó propiedades «cuyo valor acreditado resultaba suficiente» para cumplir las pretensiones del juzgado. En concreto, ofreció un edificio comercial de más de tres millones de euros, dos naves industriales y dos plazas de garaje.

Rus considera que no tiene sentido mantener todas sus propiedades trabadas tras más de un año de pesquisas y con bienes suficientes para cubrir la responsabilidad. En este sentido, recuerda al juez instructor uno de los mensajes que recogió en uno de sus autos: «el decomiso debe responder a un principio de proporcionalidad».

Pese a la cantidad de bienes bloqueados por el juzgado, Anticorrupción solicitó el pasado verano la averiguación de más propiedades por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un organismo que rastrea el patrimonio que pudiera tener oculto el sospechoso incluso fuera de España. Alfonso Rus mantiene su inocencia sobre el posible amaño del call center en la confección de los pliegos para adjudicar el servicio de Imelsa a la empresa Servimun. El expresidente de la Diputación de Valencia, en un escrito presentado al juez el pasado mes de diciembre, pedía el archivo de las actuaciones al mantener que nunca delinquió en el proceso de adjudicación del servicio. Además, añadía que así lo han acreditado los informes periciales que no detectaron ninguna irregularidad en la valoración. La citada mercantil fue la empresa mejor puntuada en el concurso con una significativa diferencia sobre la segunda opción. Ninguna de las candidatas impugnaron el resultado, recordaba entonces la defensa de Rus.

Los informes de la Guardia Civil apuntan a que el expresidente de la Diputación quiso favorecer a Mariano López, conocido empresario y exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, con quien mantenía una estrecha amistad. Para ello, el también amigo de López, el jefe de Planificación de Imelsa y el encargado de redactar los pliegos, Salvador Deusa, pudo «manipular el proceso de adjudicación», según consta en la causa. El servicio, adjudicado por más de dos millones, no cumplió eficazmente su tarea.

El juez no ha contestado todavía a la petición de Rus sobre la que también deberá pronunciarse la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado, en cambio, sí ha acordado una nueva comparecencia del exgerente Benavent. El colaborador de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudirá de nuevo a declarar sobre la controvertida adjudicación.