Rus, al tribunal: «Esto es un juicio político de la Fiscalía. Se han inventado que tengo dinero en Brasil y no voy desde 1978»

Rus se sentó, sacó unas carpetas y se aclaró la voz. «No quise contestar a la Fiscalía porque aquí ha habido tanta mala fe. Ya tenían antes la sentencia preparada. No he entendido nunca este juicio», se ha sincerado. «No me enteraba de los asesores ni me interesaba». El expresidente ha recordado que la empresa pública no tenía ingresos, el presupuesto estaba tasado desde el inicio.

«No entiendo nada. Para mí ha sido un juicio político por parte de la Fiscalía. He estado siete años sin hablar por respeto a la Justicia. Se inventaron que tenía yo dinero y terrenos y pisos en Brasil. No he estado allí desde 1978 en los carnavales, adonde fui con mi mujer». Rus no tiene nada, según recoge las comisiones rogatorios tramitadas. «Y se han callado», ha lamentado en referencia a la Fiscalía.

El tribunal ha cortado al expresidente. «Sólo puede referirse a este juicio», le han tratado de reconducir. «No sé qué hago aquí durante tres meses. Soy responsable con lo que dice la Justicia. Mire, como no me dejan hablar más, termino y en paz».

Sin embargo, aún tuvo un último arresto y volvió a retomar la palabra para corregir algunos datos datos que aportó el fiscal en su informe. En este sentido, le recordó que ha habido un ahorro de 80 millones de personal «y estamos aquí con que si uno no va».

Emilio Llopis también ha defendido el trabajo desempeñado como jefe de gabinete. «No he contratado a nadie ni tampoco he recomendado a nadie», fue lo más destacado de su intervención.

Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, volvió a hablar para un tribunal. No fue breve, más bien todo lo contrario. Había preparado un texto con citas de autores clásicos como Maquiavelo y Sartre. «Vuelvo a pedir perdón por el daño que he causado». Se disculpó, por ejemplo, con Rus y Caturla, sentados a sus espaldas. Recordó su pasado en toda la instrucción y cómo fue un «títere de la Fiscalía, de la Guardia Civil y de mi anterior defensa». Ha afirmado, además, que se le prometió que no iría a prisión si colaboraba con los investigadores. Evidentemente, esto no parece haberse cumplido, según se desprende de las penas que reclaman para él las acusación pública y la de la Generalitat.

El autobautizado como yonki del dinero ha proclamado que le «asusta» la supuesta cadena de irregularidades de este asunto, como la difusión de audios en medios de comunicación o el papel jugado por Rosa Pérez, consellera de Transparencia, que se puso a investigar por su cuenta tras decirle al fiscal que tenía unos audios comprometidos. Terminó con la desconcertante recomendación de la película 'Una noche en la ópera' y el trabalenguas de la parte contratante.

Una vez más retomó el relato de que los audios que dieron inicio al caso están alterados. «Manipulé las grabaciones con un ordenador. Lo guardé en el disco duro que me sustrajo Mariano López, quien las filtró a los medios y a los políticos. Ahí estaba toda mi vida privada», ha criticado para sostener la vulneración de derechos fundamentales.

El empresario José Adolfo Vedri ha reflexionado sobre las consecuencias de este tipo de asuntos, donde todos se han visto señalados socialmente y repudiados por los bancos, y la lentitud de la Justicia en procesos de esta naturaleza. La responsable de Recursos Humanos de Imelsa, María Escrihuela, por su parte, ha admitido su estupor por cómo se han desarrollado los acontecimientos y ha recordado que todo se inició por una idea del exmagistrado socialista José Luis Vera, quien le dijo: “Aquí voy a montar una causa contra el PP con lo de que no fichan”.

Las últimas palabras dan por finalizado el juicio de los 'zombis', la segunda de las piezas del caso Imelsa tras 23 sesiones. Ahora todo queda en manos del tribunal de la sección Segunda. Por un lado, la validación de los audios y con ello el legal inicio de la causa y por otro, si una vez superado ese estadio, hay indicios suficientes para condenar a Rus, Benavent y Caturla.

La sesión de este lunes, aparte de las últimas palabras, ha incluido también el informe del abogado de Rafa Rubio. La defensa ha rechazado que el exdiputado del PSPV hubiera pedido un favor a gente de Imelsa «para contratar a dos personas que no trabajaron». En este sentido, ha recordado que había asesores desde 1998. «¿De qué se aprovechó?», ha preguntado. «Los asesores ya existían, él no solicitó ninguno ni cesó a nadie». La situación, de igual modo, persistió tras la marcha del dirigente.

El letrado de Clara Alepuz, la periodista que trabajaba para la Generalitat, por su parte, ha defendido la tarea desarrollada por su clienta. De hecho, la Abogacía ha retirado la acusación contra esta procesada por su desempeño en Ciegsa. «No sólo era que no trabajaba, como dice el fiscal, sino que estaba pluriempleada», ha subrayado. Es decir, que trabajaba para la Conselleria de Educación y también para la empresa encargada de los colegios públicos. «No necesitaba a nadie que la enchufara, ella ya llevaba seis años en la Administración».