Bravo abre el debate sobre cuánto deben subir los salarios de los funcionarios por la inflación

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha mostrado partidaria este miércoles de un incremento del sueldo de los empleados públicos que les permita hacer frente al aumento desbocado de la inflación y al alza de los precios.

Bravo, entrevistada en Les Noticies del Matí de À Punt ha llegado a deslizar que sería favorable a que ese incremento fuera equivalente al aumento de la inflación, que en los últimos meses viene superando en términos acumulados el 10%, y ha recordado que precisamente los empleados públicos componen buena parte de las clases medias y que los Gobiernos ya viene adoptando medidas para que las empresas puedan hacer frente al incremento de la inflación.

La consellera ha recordado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya hizo alusión el pasado lunes a la actualización salarial de los empleados públicos. También ha subrayado, no obstante, que pese a que su departamento es el responsable de la función pública, las competencias vinculadas con el incremento de los salarios son estatales.

Preguntada por cuál debería de ser exactamente ese incremento de los sueldos públicos, Bravo ha respondido de manera afirmativa a la posibilidad de que fuera incluso de ese 10%, precisamente el dato de la inflación que se viene registrando desde hace varios meses como consecuencia del alza de los precios. Desde el departamento que dirige Bravo, no obstante, se ha remarcado que lo que ha hecho la consellera es «abrir el debate para subir el sueldo, pero que el porcentaje hay que valorarlo y negociarlo».

De hecho, la posición mostrada por el Ejecutivo central en los últimos meses en relación con esa subida salarial de los empleados públicos ha venido siendo contraria a que se pudiera ligar a la inflación. La vicepresidenta Nadia Calviño señaló hace pocos días que el Gobierno iba a «tratar de encontrar un alza (de los sueldos públicos) que nos permita proteger los salarios pero evitando una espiral inflacionista».

Calviño apeló a la responsabilidad de los sindicatos para contener la inflación y subrayó que los agentes sociales se han venido comportando con enorme responsabilidad. Las informaciones que se han barajado hasta la fecha apuntan a una propuesta del Ejecutivo central de incremento salarial para los empleados públicos en el entorno del 3%, un dato que provocaría una pérdida de entre 5 y 7 puntos de poder compra para los funcionarios.

Unas semanas antes, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ya había ahondado en esa tesis de la necesaria contención de la inflación. De hecho, en una comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra dejó entrever la necesidad de alcanzar un acuerdo a tres años vista de manera que esa subida salarial no tuviera un efecto acelerador sobre la inflación.

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