Sánchez da 200 millones a Cataluña y escatima las ayudas a Valencia

El respaldo del Gobierno a la Comunitat Valenciana, el anunciado por Sánchez, se viene plasmando en unas ayudas que el Gobierno ha cifrado en 16.600 millones de euros, aunque de esa cifra hay que descontar más de 5.000 millones, que son avales para contratar préstamos que habrá que devolver.

Más allá de ese dato, el Gobierno valenciano ha tratado de arrancar del ministerio de Hacienda ayudas directas, lo que se conoce como 'a fondo perdido', sin que hasta el momento haya logrado otra cosa que el compromiso de la ministra María Jesús Montero de que las llevará a cabo... si saca adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo que ha sonado a chantaje en los pasillos del Palau de la Generalitat.

Los recelos del Gobierno de Sánchez a la hora de transferir ayudas directas a la Generalitat contrastan con la habitual celeridad cuando se trata de financiar actuaciones en Cataluña. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 20 incluía un Real Decreto por el que se regulaba la «concesión directa de subvenciones a la Generalitat de Cataluña» en virtud de los acuerdos adoptados en la sesión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Generalitat celebrada el 22 de julio de 2024.

En concreto, las cuantías de las subvenciones a conceder a la Generalitat de Cataluña son: 191,5 millones de euros «a la Generalitat de Cataluña. Rodalies. Compensación Plan de Acción». El importe total quedará dividido en tres anualidades: 90,9 millones en 2024; 50,3 millones en 2025 y 50,3 millones más en 2026. Además, por el coste de las mejoras de los servicios incrementales de Rodalies Lleida hasta un importe máximo de 8,6 millones de euros «a la Generalitat de Cataluña. Rodalies. Servicios Lleida». En este caso, en dos anualidades, de 3,5 millones en 2024 y de 5,1 millones en 2025. Y por último, 905.405,76 euros «a la Generalitat de Cataluña. Rodalies. Compensación Incremento Planes Alternativos de Transporte». En total, 200 millones de euros.

El texto del decreto precisa, además, que para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de las subvenciones que se contemplan en el artículo 6 de este real decreto será precisa «una previa modificación presupuestaria» que se tramitará por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la forma establecida en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una vez aprobado este real decreto. La misma fórmula que podría aplicarse, según algunas fuentes, para hacer posible la transferencia a fondo perdido de recursos a la administración autonómica. Y que es la que la ministra Montero dice que requiere de la aprobación de los PGE de 2025.

Durante las primeras semanas desde que la riada ha asolado parte de la provincia de Valencia, el Consell ha solicitado al Gobierno central un total de 57 medidas, cuantificadas en 31.595 millones de euros, para atender la emergencia y para reconstruir y recuperar la actividad económica y social.

De esta cantidad, el Gobierno de España tan solo ha anunciado que destinará 9.978 millones de euros, lo que supone únicamente el 31,5% de la cuantía solicitada. Cabe señalar que este dinero no ha llegado ni a las instituciones, ni a las familias ni a las empresas damnificadas pese a la urgencia de atender todas sus necesidades lo antes posible.

En concreto, la Conselleria de Servicios Sociales había solicitado al Gobierno nueve medidas por valor de 399 millones de euros, de las cuales seis no han recibido respuesta. Entre las medidas solicitadas, se ha instado al Gobierno a asumir 250 millones de euros para la reparación de las infraestructuras sociosanitarias, a adecuar y poner a disposición de viviendas de la Sareb para poder realojar a familias afectadas, así como a crear un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan ningún otro recurso habitacional, medidas que han sido ignoradas.

Las únicas tres medidas a las que el Gobierno se ha referido en materia de servicios sociales resultan insuficientes para atender las demandas planteadas.

En cuanto a las cinco medidas solicitadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Empleo ascienden a 1.545 millones de euros. El Gobierno central ha cuantificado la ayuda en 252 millones de euros, es decir solo ha satisfecho el 16% de lo solicitado. Además, no ha respondido a la ayuda de 1.134 millones de euros sobre equipamiento para los colegios afectados ni a los 8 millones para universitarios. Por lo que respecta a los 153 millones por desperfectos en patrimonio cultural y en ayudas a sectores industriales de la cultura, el ministro Urtasun anunció 2 millones para un plan de reconstrucción cultural.

Sanitat cifró en 140,5 millones las necesidades para la reparación de infraestructuras en centros sanitarios, daños en los fármacos e inversiones en tecnologías para el seguimiento y atención de los pacientes. El Ministerio no ha valorado ni contestado a ninguna de las propuestas.

La Conselleria de Medio Ambiente solicitó tres medidas entre las que se encuentra la financiación de 2.600 millones de euros para los trabajos de reconstrucción que está llevando a cabo para reparar las carreteras de ámbito autonómico, el transporte de Metrovalencia, las depuradoras y el traslado de residuos.

Transportes tomó nota de la cifra y lo trasladó al Ministerio de Hacienda, pero de momento no ha llegado la financiación. No obstante, Ministerio y Conselleria se han dividido la reparación de las carreteras locales puesto que los municipios no pueden hacerse cargo de esos gastos y han acordado un plan conjunto de transporte para los ciudadanos a través de autobuses mientras no haya servicio ferroviario de cercanía de metro.