Sánchez agita la estrategia de Puig para arrebatar poder a Madrid

La pretensión ahora del Gobierno de sacar de Madrid algunos organismos públicos vuelve a enredar el discurso político. La 'madrileñofobia' que denunció Ayuso a raíz de la estrategia de Puig la negaba el presidente valenciano en LAS PROVINCIAS en una entrevista este fin de semana. «En absoluto. Lo que sucede es que España debe acometer reformas territoriales que favorezcan la cohesión», alegaba Puig. Sin embargo, ahora es Sánchez quien aviva el fuego con un planteamiento que supone «compartir Estado», según Moncloa, pero que sólo pretende «descapitalizar Madrid» a ojos de la Puerta del Sol.

Ante esta escalada dialéctica, la ministra portavoz reclamó ayer «sosiego, calma y tranquilidad» para encarar el debate sobre la descentralización institucional, alegando que todavía no hay ninguna decisión tomada. La idea, explicó Isabel Rodríguez, es «compartir el Estado» entre los territorios y no concentrar todo el entramado institucional en la capital del país. Nadie busca «sustraer la capitalidad de España», dijo.

El debate supone un salto al pasado. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ya se discutió el traslado del Senado a Barcelona, una idea lanzada en 1992 por el socialista Pasqual Maragall. El rechazo del PP y de los nacionalistas, que se opusieron a reforzar la presencia del Estado en Cataluña, frustró la operación. El afán descentralizador de Zapatero se limitó a trasladar a la capital catalana la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 2011 se acabó el experimento.

Resucitadas las maniobras por Puig, Sánchez retomó la idea el 29 de septiembre en Santander y la ratificó este domingo en un acto del PSOE en Ponferrada. Pero Díaz Ayuso se ha tomado la iniciativa como una declaración de guerra en toda regla y ayer acusó al presidente del Gobierno de alimentar «el odio de los españoles hacia Madrid». Cree que detrás del planteamiento descentralizador de las instituciones subyace una maniobra electoral de los socialistas para «descapitalizar» Madrid y «buscar votos» en otros territorios porque «la izquierda da por perdida» la capital de España.

La presidenta autonómica, firmado el armisticio con la dirección de su partido en la batalla por el liderazgo del PP regional, aportó una nueva versión de su tesis de que Madrid es España y que todo agravio a Madrid es un ataque a España. «La capital de España se llama Madrid y lo es desde hace cinco siglos. En Madrid viven españoles de todos los rincones. Madrid es una capital muy querida por todos los españoles», pero Sánchez busca que «otros españoles odien Madrid, que odien su propio país».

En la capital se concentra casi todo el conglomerado institucional del Estado que da trabajo a 150.000 funcionarios, el 29% del personal al servicio del sector público central, según los datos del Ministerio de Política Territorial. Ayuso no está dispuesta a perder ni un solo empleo de este nicho económico y denunció que el plan de Sánchez «no beneficia a nadie, no soluciona nada y sólo afecta a la vida diaria de los funcionarios».

El Gobierno intenta sosegar los ánimos en torno a una iniciativa que por ahora no pasa de ser un esbozo. La ministra portavoz, de todas maneras, señaló que la airada respuesta de la presidenta madrileña evidencia que siempre «necesita buscar una excusa para confrontar con el presidente y con el Gobierno». Tiene, prosiguió, una «necesidad permanente» de ser el ariete del PP contra el jefe del Ejecutivo.

Rodríguez sugirió que Ayuso y su partido con sus posturas jacobinas comparten en el fondo las posiciones contrarias al Estado de las autonomías de Vox. «Sólo que no lo dicen». El Gobierno cree que esta disputa puede volverse en contra de los intereses de Pablo Casado porque hay comunidades y ciudades gobernadas por el PP que estarían encantadas de acoger a organismos públicos ahora asentados en Madrid. Ser sede de instituciones del Estado, afirman fuentes socialistas, aporta prestigio pero también puestos de trabajo al territorio que acoge a los organismos públicos, no solo por los funcionarios que se trasladarían sino por los empleos indirectos que se crearían.