Sánchez agudiza los frentes con el Consell

El factor Diana Morant no es un elemento despreciable en la partida que arranca, ya sin ambigüedades, este nuevo curso político. El hecho de que la líder del PSPV sea a su vez ministra del Gobierno de Pedro Sánchez ofrece una oportunidad inmejorable para el PP de exponer las contradicciones del Gobierno socialista y acorralar a la exalcaldesa de Gandia ante la imposibilidad de posicionarse siempre de manera nítida a favor de los intereses de la Comunitat sin que eso suponga desproteger el discurso de Sánchez. No es el único elemento clave en el ecosistema valenciano. La salida de Vox del Consell y del resto de Gobiernos autonómicos permite al PP de Mazón soltar un lastre que le obligaba en ocasiones a tratar de corregir el radical discurso de su socio en determinadas materias. De igual modo, esa liberación deja a sus adversarios sin la respuesta habitual de: «Ustedes gobiernan con la extrema derecha».

No se trata de un asunto novedoso, pero sí incorpora ciertos elementos para cimentar un discurso de agravios. La singularidad catalana, admitida ahora por el Gobierno como contrapartida a la investidura de Salvador Illa, proporciona argumentos a la Generalitat para redoblar su ofensiva. Y todavía más ante la indefinición que deliberadamente transmite el Ejecutivo acerca de su plan para Cataluña. «No es un concierto ni una reforma al uso del sistema de financiación», lanzó la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Entonces, ¿en qué consiste exactamente?. ¿de qué forma se va a establecer esa singularidad? El Gobierno ha buscado el enredo semántico para no exponer de manera clara qué consecuencias supondrá para Cataluña y –igual de relevante– para el resto de España.

La guerra de la financiación cuenta con Compromís como aliado y con la tibieza que el PSPV estableció con la llegada al poder de Pedro Sánchez y que contrastaba con la beligerancia hacia Mariano Rajoy. Pero esta hipocresía, en realidad, se puede atribuir a los dos grandes partidos cuando son sus compañeros quienes ocupan La Moncloa. No existe discusión en que la Comunitat está a la cola en financiación. Todos los números avalan esta tesis.

La Comunitat recibe 989 millones de euros más de lo que recauda. Esto supone lo que gana de más la región valenciana con el actual sistema. La cifra representa un 6,92% de sus ingresos tributarios. Con la lógica excepción de las comunidades aportadoras netas (Madrid, Cataluña y Baleares que, en lugar de incrementar sus recursos con el sistema, los ven reducidos), ninguna otra tiene un porcentaje tan escaso de 'aportación de recursos' con el impacto del modelo.

En este escenario, cualquier trato de favor a Cataluña sin contar con las necesidades valencianas será considerado una afrenta. El PP ha incrementado esta semana el tono contra la ministra acusándola directamente de «mentir» o de tomar por tontos a los valencianos. Desde el Gobierno se sostiene que son las discrepancias entre las diferentes comunidades, en especial las gobernadas por los populares, las que impiden llevar una propuesta común.

Es cierto que no son los mismos intereses los de Galicia que los de la Comunitat. Pero también en el grupo socialista existen diferencias acerca del futuro del modelo. El puzle de la financiación no resulta sencillo porque hay autonomías más despobladas, el grupo más numeroso, que defiende que el reparto de fondos tenga en cuenta criterios de dispersión y de envejecimiento. Otras, en cambio, donde emerge la Comunitat, defienden un sistema que se ciña a la población real ajustada. Es decir, que se financien los servicios per cápita. En este sentido, un valenciano recibe unos 200 euros menos que la media de los españoles.

En la actualidad, el Estado, dentro del régimen común, separa los impuestos que son gestionados por el Estado y los de las comunidades. El Gobierno central recauda el IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales (la cerveza, alcoholes, hidrocarburos y tabaco). Después cede a cada autonomía el 50% del IRPF y del IVA recaudado en cada territorio y el 58% de los Especiales. Esa especie de concierto daría libertad para la recaudación y gestión de ese dinero a cambio del pago al Gobierno de una cantidad, pero sin entrar en el reparto solidario. Mazón, por su parte, también ha propuesto un nuevo modelo en el que se permita flexibilidad sobre impuestos especiales. Los barones populares se reúnen a principios de septiembre para establecer una posición unitaria ante la desconocida propuesta catalana.

El problema rebasa las fronteras autonómicas y nacionales. Se trata de un asunto con denominación Unión Europea. El presidente Mazón, en un desayuno de la cadena Ser, pronosticó: «Este será un problema más importante que la infrafinanciación». No era una afirmación baladí. El debate, en realidad, se ha extendido por todos los países europeos ante la multiplicación del fenómeno. España es una de las principales vías de entrada con un exponencial aumento de la llegada de pateras en los últimos meses (30 a la Comunitat este verano, según el Consell). Las autonomías tienen las competencias de los menores no acompañados y su obligación es atenderlos. Pero carecen de recursos y ayudas del Gobierno.

La Generalitat, por ejemplo, reclama la convocatoria de una conferencia sectorial y que se declare una situación de emergencia migratoria. Quieren conocer, de igual modo, las propuestas del Gobierno con los países de origen y su planteamiento ante la Unión Europea. En definitiva, censuran la inacción del Ejecutivo. De momento, las comunidades apelan a la solidaridad para atender a los migrantes tras los repartos que ha hecho el Gobierno con tal de aliviar la situación en Canarias. No es extraño que entre los recién llegados figuren adultos que se hacen pasar por menores para obtener una atención inmediata. Una situación que se debe verificar con determinadas pruebas óseas. Los centros de la Comunitat se encuentran al 160%. Este enfrentamiento no es nuevo. Tuvo antecedentes en el Gobierno de Camps y Zapatero.

Encarrilado en licitaciones el corredor mediterráneo –y asumiendo el retraso ya inevitable de su entrada en servicio– el gran problema ferroviario de la Comunitat lleva el nombre de Cercanías, un servicio aquejado de incidencias en forma de retrasos, interrupciones del servicio y un material rodante que necesita ser renovado. Sobre la mesa, el Plan de Cercanías presentado en 2017 y que, a falta de un año para su teórica finalización, no tiene activado ni el 50% de las inversiones en infraestructura, aspecto que ha criticado el Consell de Mazón en varias ocasiones. Y, de fondo, la inyección económica que sí que llega a otros servicios de Cercanías, como el caso de Cataluña.

El otro frente en infraestructuras, sobre todo por los plazos, se da en los aeropuertos, ya que la segunda fase de la ampliación del puerto de Valencia está desbloqueada. La presión de la Generalitat y de los empresarios, además del sector turístico, obligaron a Aena a asegurar que las mejoras en Manises y El Altet se incluirán en el próximo plan inversor de la compañía (el DORA III), que arrancará en 2027. Una fecha lejana para el Consell, debido a los incrementos de tráfico que están experimentando las dos terminales. De ahí la reivindicación de acometer obras a corto plazo para evitar la saturación de los dos aeropuertos.

Lo que se conoció como la guerra del Agua en la etapa Camps es un conflicto sin resolver sometido, además, a la presión del cambio climático. La Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid y Andalucía han establecido una alianza para mantener el trasvase del Tajo-Segura, una transferencia que se reduce paulatinamente por recortes que responden, según Castilla La Mancha, a cuestiones medioambientales. Un trasvase que resulta determinante para garantizar la supervivencia de la agricultura en el sur de Alicante. El otro foco es la Albufera. Consell y Ayuntamiento han denunciado al Ministerio de Transición Ecológica por la falta de aportes hídricos. Ambas administraciones se enzarzaron hace meses en un agrio cruce de declaraciones: el Gobierno decía que había enviado no sólo los 20 hectómetros cúbicos a que se había comprometido, sino casi el triple, 52, mientras que el Consistorio lo reducía a dos. En realidad, pese a la disparidad de opiniones, existe un informe municipal que admite las dificultades de conocer con exactitud si los aportes llegan finalmente al paraje. El aporte hídrico es importante para mantener el equilibrio ecológico en el parque natural urbano más importante de Europa.