Sánchez busca cómo evitar depender del PP en Ucrania mientras su mayoría se quiebra

No está claro aún que el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno en el Consejo Europeo extraordinario de este pasado jueves –convocado para debatir sobre las necesidades de rearme de la UE, ahora que la Administración de Donald Trump ha decidido poner patas arriba la política exterior de Estados Unidos con su acercamineto a la Rusia de Vladímir Putin– vaya a requerir del respaldo expreso del Congreso. Fuentes gubernamentales apuntan a que, como se ha hecho con los incrementos de gasto de los dos últimos años para evitar choques con unos socios que mantienen posturas claramente antibelicistas, podría optarse por fórmulas que permitan sortear el Parlamento.

Solo en las dos últimas semanas, el Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por valor de 342,8 millones de euros y ha recurrido al Fondo de Contingencia, la hucha incluida en los Presupuestos para gastos imprevistos, a fin de dedicar 567 millones de euros a operaciones de mantenimiento de la paz en distintos países. El pasado año ya se vivió un encontronazo en el Gobierno, entre el PSOE y Sumar, por la aprobación de tapadillo, vía ampliación de créditos, de los 1.000 millones para el envío de armas comprometido a Ucrania en el acuerdo bilateral para diez años suscrito por Sánchez con Zelenski en su visita a Madrid. Pero esa es la última vez que Yolanda Díaz levantó la voz por este asunto.

Lo cierto es que, ya antes de que el jefe del Ejecutivo dijera que habrá que correr más para llegar al 2% del PIB, desde el Gobierno se venía admitiendo que sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, llegar este año a los niveles de inversión aceptados por España en la cumbre que la OTAN celebró en la capital española hace casi tres años iba a ser difícil. La aprobación de las Cuentas públicas sigue sin atisbarse, pese a las gravosas cesiones de los socialistas a sus socios independentistas. Así que la posibilidad de tener que recurrir al PP para cumplir con lo socios europeos está sobre la mesa. Pero el Gobierno no está aún en ese escenario.

El jueves, Sánchez celebrará reuniones en La Moncloa con los representantes de todas las fuerzas parlamentarias, excepto Vox, para exponer sus planteamientos con un enfoque más discursivo que ejecutivo. Entre otras cosas, porque ni ha dado aún por cerrada la discusión en la UE sobre cómo se financiará el aumento de la inversión requerido (aspira, por ejemplo, a que además de créditos se arbitren transferencias, como en la pandemia) y porque aumentar de forma efectiva y a corto plazo el gasto militar no es tan sencillo, teniendo en cuenta que los programas de armamento tienen plazos muy amplios.

Tampoco, hasta ahora, ha dado muestras de pretender tener una conversación especialmente significativa o de querer trabar una mínima complicidad con el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo. Los mensajes del Gobierno en estos días han ido más dirigidos a los socios de la izquierda, a los que pide que vean la contribución de España a la seguridad de Europa como «un seguro de vida». Podemos, singularmente, ya le acusa de estar «cavando su tumba» política y de haber enterrado la «legislatura progresista».

El Gobierno no se cansa de repetir que llegará a 2027 y es verdad que, a trancas y barrancas, y pese a algunos varapalos parlamentarios, ha logrado cumplir ya más de un año de legislatura y aprobar 25 leyes (diez de ellas, eso sí, vía reales decretos). Ahora, sin embargo, el panorama se presenta aún más escarpado. Y las advertencias de la formación de Ione Belarra resultan muy sintomáticas. Porque no solo aluden a la posición de Sánchez respecto a la guerra de Ucrania.

En pacto migratorio con Junts, que los morados califican abiertamente de «racista», ha abierto una brecha entre los socios parlamentarios de Sánchez. No son únicamente los morados. Partidos integrados en Sumar y ERC también le ven tintes xenófobos y no garantizan tampoco su votos para sacarlo adelante. Además, la quita de deuda pactada con Oriol Junqueras para Cataluña, pero ampliada al resto de comunidades autónomas, exigirá un esfuerzo de negociación extraordinario. Los posconvergentes titubean con su voto y Compromís, integrado en Sumar, recela del reparto.

La enorme discrepancia entre los socios de coalición por la tributación en el IRPF del SMI, pendiente del debate de varias proposiciones de ley, augura nuevas jornadas de tensión entre las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Junts ya espetó a esta última esta semana que no tiene la mínima intención de apoyar la ley estrella de la también ministra de Trabajo para la reducción de la jornada laboral. Y el Gobierno no ha sido capaz aún de recuperar, entre otras cosas, el medio centenar de medidas económicas del decaído decreto ómnibus porque asume que no tendrá apoyos. Las diferencias ideológicas en el bloque de investidura dificultan los avances. Pero Sánchez se aferra al lema 'cholista': «Partido a partido».