El Gobierno amplía tres meses más la prohibición de desahucios del alquiler

Nueva prórroga en las medidas antidesahucios con las que se intenta proteger a los colectivos más vulnerables azotados por la crisis del coronavirus. Cuando apenas falta un mes para que expire la actual prohibición para desalojar a las familias sin alternativa habitacional por impago del alquiler, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo prorrogará otros tres meses este veto dada la evolución de la economía.

La fase de recuperación aún no está en vigor, lo que, unido a los últimos retrasos en el proceso de vacunación y la parálisis de muchas actividades, impide a los colectivos más vulnerables poder hacer frente a sus compromisos. Por eso amplía durante un trimestre más, prácticamente hasta el verano, la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.

Estas medidas, aprobadas por el Ejecutivo para combatir las consecuencias económicas de la crisis provocada por la pandemia, estaban sujetas a la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Se da la circunstancia de que estas medidas se aplican en medio de las negociaciones de la nueva Ley de Vivienda, que negocian los socios del Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) y que ha encontrado en la posibilidad de limitar las subidas de los alquileres en determinadas zonas tensionadas de precios uno de sus principales escollos para llegar a un acuerdo entre ambos partidos. Sí lo han logrado en materia de IBI, ya que la futura legislación incluirá el recargo en el recibo de la contribución como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún no han pactado la cuantía que podrá tener la modulación de dicho.

En concreto, se amplía por tres meses la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. El objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia, y que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda.

También se extienden los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí.

Finalmente, se amplían las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.