Sánchez prevé aprobar la quita de la deuda en 2025 pero vuelve a aparcar la reforma de la financiación

Todo bien hasta aquí. En el capítulo de iniciativas legales, el documento prevé la aprobación, entre otras, de una 'ley orgánica de asunción por parte del Estado de una parte de la deuda de las CCAA de régimen común'. El documento explica que «con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo (…) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las CC. AA. de régimen común, para reforzar la autonomía financiera de las CC. AA. y permitir que puedan financiarse en los mercados financieros, será necesaria la aprobación de un Anteproyecto de Ley Orgánica que apruebe y desarrolle esta medida».

El anteproyecto en cuestión no es otro que el que debe dar cobertura legal a la quita de la deuda pactada por el PSC con el independentismo catalán a cambio de votar a favor de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Un proceso no exento de polémica, toda vez que la totalidad de las CCAA gobernadas por el PP plantaron a la ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero tras rechazar los criterios de reparto de esa quita de la deuda.

El Consell hace una semana mantuvo una reunión con el ministerio para abordar los aspectos técnicos de esa condonación de la deuda. Y volvió a advertir de que sólo avalará la propuesta en el caso de que vaya unida al proceso de negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA). De paso, el Gobierno valenciano trasladó el catálogo de reivindicaciones que viene planteando al Ejecutivo central en materia financiera, sin que conste respuesta alguna del departamento de Montero. Ni que decir tiene que, en tanto que ley orgánica, la propuesta de quita de la deuda del Gobierno de Sánchez necesita de una mayoría absoluta en el Congreso y el Senado de la que el PSOE no dispone.

El plan anual prevé por tanto sacar adelante la condonación de la deuda autonómica, que en el caso de la Comunitat Valenciana ascendería a 11.210 millones de euros, sobre un volumen total de números rojos que supera los 60.000 millones. En el ámbito de la política tributaria y presupuestaria, también está previsto aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, aunque a estas alturas del año ya parece un imposible por la misma falta de apoyos del PSOE, y modificar el convenio económico entre el Gobierno y la Comunidad Foral de Navarra.

¿Y la reforma de la financiación autonómica? Un año más, y van para 12, el Ejecutivo central se olvida de incluir entre sus previsiones normativas la aprobación de un nuevo sistema de reparto de fondos públicos entre las CCAA. El sistema, aprobado en 2009 y caducado desde el 1 de enero de 2014 –de ahí lo de los 12 años- viene situando año tras año a la Comunitat Valenciana como la peor financiadas de todas las del régimen común. Un maltrato que, en realidad, viene prolongándose desde 2002, porque el sistema aprobado ese año también perjudicaba a la Comunitat y para el que partidos políticos, empresarios e instituciones sociales de la Comunitat de todo tipo han venido exigiendo un cambio. Primero al Gobierno de Mariano Rajoy, y desde 2018 al de Pedro Sánchez.

2025, según el plan de acción normativa, tampoco será el de la aprobación de la nueva financiación autonómica. Y eso a pesar de los compromisos del propio Sánchez, especialmente en vísperas de convocatorias electorales, de abordar 'con urgencia' la negociación de un nuevo modelo. Una reiteración que conoce bien el síndic de Compromís, Joan Baldoví, al que Sánchez llegó a prometer en enero de 2020 que en ocho meses presentaría un nuevo sistema de financiación. Ni ocho por ocho. El esqueleto que Montero presentó en Navidades de 2021 tampoco pasó la prueba del algodón de la mayoría de las CCAA. Y poco más.

Para la Comunitat Valenciana, que la reforma de la financiación no aparezca entre las prioridades legislativas del Gobierno es un drama añadido a la asfixia financiera que sufre por parte del Ejecutivo central. El Gobierno le ha negado al Consell el extra FLA para atender su exceso de déficit, recursos a fondo perdido para atender los daños causados por la dana, el fondo de nivelación transitorio hasta la aprobación de la reforma de la financiación… y tampoco ha actualizado las entregas a cuenta de la financiación, por lo que deja a la región con 200 millones de euros menos al mes. El anticipo de 500 millones de la liquidación desvelado este pasado fin de semana por el PSPV se antoja una respuesta ridícula a todo ese caudal de peticiones sin respuesta.