La sanción al cártel de productoras es la cuarta dictada en una década

La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat (CDC), el órgano de la Generalitat que ha multado a las productoras de Francis Puig y sus socios, tiene apenas una década de vida. La Comisión fue creada en 2012 para preservar el funcionamiento competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mismos, protegiéndola mediante el ejercicio de las funciones de resolución de expedientes sancionadores por conductas prohibidas , así como las de arbitraje y promoción en la materia a través de la emisión de informes, dictámenes, estudios y restantes funciones que le atribuyen las normas que la regulan.

A lo largo de su trayectoria ha resuelto expedientes relacionados con temas muy diversos, que llegan hasta su patronato (formado por un presidente y dos vocales, funcionarios de carrera todos ellos) mediante las denuncias que presentan organismos o particulares. Sin embargo, en muy rara ocasión esas resoluciones acaban en sanción o multa. De hecho, la condena que esta semana ha sufrido el cártel de las productoras por el pacto de precios para las corresponsalías de À Punt es sólo la cuarta que se ha dictado por este organismo en casi una década. Desde su creación, en 2012, ha resuelto 48 expedientes, como consta en su archivo, pero menos de un 10% han conllevado una multa o sanción. De hecho, sólo las infracciones graves o muy graves han sido objeto de multa. Además de la del cártel de productoras, certificada a finales de diciembre, en 2020 no hubo ninguna otra sanción. El año anterior, en 2019, Competencia multó a la central de compras de la Generalitat por el acuerdo marco de impresión y escaneo en la Administración. La sanción, a dos empresas de impresión, alcanzó los 460.000 euros por actuar como un cártel.

Para encontrar la siguiente multa hay que remontarse a 2015, cuando el colegio de graduados sociales de Valencia fue condenado a 35.600 euros por utilizar como una tarifa mínima como recomendada en sus honorarios. La última multa, que pone fin al total de sanciones en un década se produjo en 2012. La Asociación de Diseñadores de la Comunitat (ADCV) se enfrentó al pago de 24.000 euros –que años después fueron rebajados– por la elaboración y difusión de unas tarifas de precios mínimos recomendados incluidas en los manuales «El Valor del Diseño» publicados en los años 1993, 2000 y 2008.

Esas son las cuatro multas que a lo largo de una década se han impuesto, según la documentación consultada. El resto de las 44 restantes se archivaron sin necesidad de incoar procedimiento sancionador, tras el análisis de los expedientes. Es decir, el porcentaje de expedientes sancionadores que se abren y llegan a finalizar con condena es menos del 10%, por lo que los casos que sí terminan con una sanción son de especial relevancia o dolo para el mercado de la competencia.

En el caso de la última multa, la que afecta al cártel de las productoras, liderado por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en colaboración con sus socios, los hermanos Adell Bover, ha ascendido a una sanción de 43.000 euros por pactar precios para ganar varios lotes de un concurso público de corresponsalías de la televisión pública À Punt. Una sanción que, además de la pena económica, puede conducir a que estas empresas de televisión queden inhabilitadas para poder contratar con el sector público. Competencia ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado esta resolución para que aplique la sanción que estimen.