Sanidad cambia ahora el contrato de 31 millones con el empresario chino tras el baile de fechas

«Errores materiales en la fundamentación». Con esa expresión, la Conselleria de Sanidad ha tratado de dar carpetazo al contrato por importe de 31,5 millones de euros que firmó con la empresa Comité Textil S.L. el pasado 17 de marzo. Un documento que, ahora, la subsecretaría de este área ha dejado sin efecto por las discordancias en las fechas que presentaba el anterior documento público subido a la Plataforma de contratación del Estado. En el escrito que modifica y anula al anterior, firmado a fecha 20 de mayo, se aclara ahora que el encargo realizado el pasado 17 de marzo se hizo de manera verbal y no escrita, como constaba en el anterior documento. Una opción que permite la ley para la contratación por emergencia. Sin embargo, en el anterior contrato público, el subsecretario de Sanidad firmó a mano que la compra de ocho aviones cargados de material sanitario se había producido ese día. El documento, en cualquier caso, queda sin efecto, pero evidencia el descontrol en la contratación de una de las compras más cuantiosas de las que se han hecho para la lucha contra el coronavirus.

En concreto, en el documento anterior se utilizaban fundamentos de derecho muy posteriores (aprobados hasta once días después) a la firma del contrato, lo que evidenciaba que el expediente había sido construido a posteriori, algo permitido por la normativa en casos de emergencia, pero con fechas modificadas. De hecho, aunque ahora Sanidad dice que el encargo se hizo de manera verbal, en aquel momento era imposible para una administración poder anticipar parte del dinero de un encargo porque el Real Decreto que lo habilitó aún no había sido modificado. Aunque se desconoce la fecha en que Sanidad hizo el desembolso económico para cumplir el contrato con la empresa Comité Textil S.L., distintos cargos del Consell ya habían explicado en público que las compras en China siempre se hacían por anticipado La número dos de Economía, Rebeca Torró, la persona de contacto con el propietario de la firma adjudicataria, incluso llegó a decir que había sido el empresario chino quien había asumido los costes de la mercancía por adelantado y la Generalitat se los abonó una vez ya en España.

Unas explicaciones que no han acabado de convencer a los grupos de la oposición. En concreto, el PPCV ya adelantó ayer que remitirá esta contratación tanto a la Agencia Antifraudecomo al juzgado para que se determine si puede haber un posible delito de falsedad documental. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ya ha avisado esta mañana de que su grupo llegará hasta el final. «Ya veo por qué no querían que se abriesen Les Corts, para que no preguntásemos ni corriesen plazos. Iremos al TSJCV si no nos dan la documentación en el tiempo reglamentario. No nos la darán a la primera, nos pedirán una prórroga, y veremos si es un error el cambio de fechas», ha dicho. «Cuando le pasaba al PP era corrupción y ahora son errores adminsitrativos», ha señalado la portavoz del PP en Les Corts. . «Espero que nos den la documentación sin que nadie tena la tentación de cambiar nada». Por el momento, el contrato inicial ya ha sido modificado y se dice ahora que el encargo por valor de 31,5 millones fue verbal.