Sanidad paga 157 millones por gastos desde 2016 sin contrato

La conselleria de Sanidad es, con diferencia, la que año tras año acumula un mayor volumen de pagos a través de los conocidos como expedientes de enriquecimiento injusto, un mecanismo por el que la administración abona un servicio que ya le ha prestado uno de sus suministradores aunque carecía de contrato para ello. No es ilegal, pero desde la Sindicatura de Cuentas hasta la Agencia Antifraude, pasando por la propia Intervención, remarcan que es «nulo de pleno derecho por ser contrario al ordenamiento».

Sanidad es, por tanto, la conselleria que más recurre a este tipo de pagos. Durante 2020, según los datos ya publicados por este diario, la conselleria dirigida por Ana Barceló abonó con este mecanismo un total de 1.617 millones de euros, del total de 1.781 millones pagados mediante ese mecanismo por el Botánico durante el pasado ejercicio.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó hace pocas fechas un acuerdo del Gobierno valenciano por el que resolvía «autorizar la aprobación por la persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del expediente de resarcimiento 01/2021 por los servicios y suministros prestados en los departamentos de salud y centros de gestión, entre 2016 y 2020, por importe de 157.794.702,76 € (IVA incluido)». Se trata de una cantidad significativa por el volumen de dinero que supone. En un único expediente de resarcimiento por enriquecimiento injusto, el departamento de Barceló autorizaba el pago de 157,7 millones de euros, una cantidad cercana al 10% de todo lo pagado durante 2020.

Del pago en cuestión se sabe poco más. Las fuentes consultadas por este diario no pudieron aportar más datos respecto a los gastos que se supone que se afrontan con este expediente, más allá de subrayar, eso sí, que corresponden a servicios prestados desde 2016, es decir, hace ya cinco años, y que se habrían prolongado al menos hasta el pasado 2020.

Las críticas al reiterado recurso del Botánico a este tipo de pagos hacen referencia a que esos expedientes se utilizan cuando el proveedor ya ha prestado el servicio. Es decir, sin que la administración haya ejercido, por las razones que sean, la posibilidad de convocar un concurso público para poder elegir entre varias ofertas cuál puede ser la más barata.

Intervención ya advirtió que el elevado volumen de expedientes de este tipo hacía pensar que este procedimiento se utilizaba «como solución para el pago de facturas carentes de los requisitos para su abono por el procedimiento ordinario». La insuficiencia de los créditos consignados –por falta de previsión o por la distribución que se hace del crédito en un contexto de infrafinanciación– o la ausencia de una planificación adecuada para concatenar la finalización de un contrato y el inicio del nuevo obligan a activar este procedimiento, aparecen en ocasiones en el origen de estos expedientes. Antifraude ya alertó en la memoria del ejercicio de 2018 que el recurso al expediente de enriquecimiento injusto conllevaba riesgo de solapar fraudes y casos de corrupción.