El secretario apela a la autonomía de la Diputación para decidir sus altos cargos

El secretario general de la Diputación de Valencia, Vicente Boquera, remitió el pasado jueves una «nota explicativa» a los grupos políticos de la corporación provincial en la que defiende el acuerdo adoptado en septiembre de 2016 por el pleno y que dio luz verde a la polémica catalogación de entidades que situó como 'categoría I' a Divalterra, la empresa de la Diputación heredera de la vieja Imelsa. En su escrito, el secretario recuerda que esa clasificación –que dio cobertura legal a que la citada firma pudiera disponer de diez cargos directivos– obedeció a la decisión del pleno de la misma «en el ejercicio de su competencia de autoorganización».

El texto de Boquera evita entrar en uno de los aspectos más polémicos de aquel acuerdo, el relativo al número de contratos de alta dirección. Con el acuerdo de 2016, el pleno de la Diputación –con el voto favorable de todos los grupos y la única abstención del PP– permitió que la vieja Imelsa dispusiera de hasta diez altos cargos. ¿El motivo? El secretario viene a explicar que esa clasificación y las retribuciones se establecieron «teniendo en cuenta la realidad existente», a pesar de que la legislación que ordenaba esa clasificación nació inspirada en la necesidad de recortar el gasto público. Desde 2015, Imelsa disponía de hasta ocho altos cargos, en lugar de los dos que había mantenido la legislatura anterior. Así lo constató la auditoría del ejercicio 2015 elaborada por RSM. Un evidente aumento de los cargos directivos que no vino acompañada, se señalaba en aquella auditoría, de incremento alguno de funciones. El acuerdo de 2016 dio cobertura a esa situación. Y el secretario de la corporación viene a sostener que así debía ser, al entender que otra medida habría sido un «mero ejercicio teórico al margen de la realidad que les aboque a enfrentarse en los tribunales con los directivos que han contratado». Es decir, el secretario entiende que haber limitado el número de cargos directivos en Divalterra habría derivado en procesos judiciales. El transcurso de los acontecimientos ha acabado revelando que no hacerlo ha acabado teniendo el mismo final: el expresidente Jorge Rodríguez y sus principales colaboradores, investigados por malversación y prevaricación en el caso Alquería. «Lo que el legislador quiere –remarca– es que sean los plenos de las corporaciones (...) los que determinen las retribuciones máximas de los contratos mercantiles y de alta dirección (...) y también el número máximo de los miembros de los órganos de gobierno», apostilla.

El escrito de Boquera va en la dirección contraria al informe elaborado en 2019 por la Intervención General del Estado (IGAE) que, en referencia a la situación de Divalterra, alertaba de que la clasificación como categoría I se había realizado para «proporcionar el soporte jurídico para la existencia en la misma de 10 altos directivos».

Por otro lado, el acta de la comisión de Hacienda previa a la sesión plenaria de septiembre de 2016 que permitió aprobar la catalogación de empresas de la Diputación y que Divalterra dispusiera de diez altos cargos revela que el entonces diputado de esa área, y actual presidente de la corporación, Toni Gaspar, ni tan siquiera intervino en el punto que tramitó ese acuerdo. Ese acta, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, revela que Gaspar se limitó a ceder la palabra al interventor de la corporación, que fue el encargado de explicar el contenido del acuerdo.