El sector público dispara un 48% su gasto en personal desde la era Fabra

El sector público valenciano se ha convertido en una suerte de cajón desastre que el Consell acaba por utilizar para dar salida a innumerables condicionantes administrativos. 60 entidades entre organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios que están adscritos a alguna de las doce consellerias en que se divide el gobierno de la Generalitat. Con la llegada de cada nuevo Ejecutivo al poder, las promesas de reducción de esta administración paralela se suceden, pero lo cierto es que al final de la legislatura, el balance siempre muestra superávit de nuevas entidades.

El presupuesto del sector público empresarial llegará este año hasta los 2.757 millones de euros. Una cifra que ha crecido sólo en cinco ejercicios un 35,2%. El último Consell del PP, el presidido por Alberto Fabra, dejó en 2.038 millones de euros el último presupuesto destinado a este entramado empresarial, pero en apenas cinco años se ha incrementado en más de 700 millones de euros. La cifra es todavía más llamativa en la cantidad que el sector público necesita para pagar los sueldos de todo su personal, que ha pasado de los 463 millones en 2015 a los 685 millones actuales, según se puede comprobar en los distintos presupuestos de la Generalitat, en la web de la Conselleria de Hacienda. Sólo en personal, el Consell gasta ahora un 47,9% más de lo que lo hacía en 2015.

Las cantidades han ido evolucionando conforme la Generalitat iba asumiendo nuevo personal y creando nuevas empresas públicas para asumir nuevas funciones. De hecho, el sector público no sólo no ha disminuido, como el Consell había comprometido, sino que se ha incrementado con la creación de casi una decena de entidades. Además, algunas de las empresas y fundaciones que iban a liquidarse, siguen operando a día de hoy.

En 2015 la Generalitat destinó 2.038 millones a su sector público, de los que 463 eran para pagar capítulo I. Con la llegada del Botánico, ambas cantidades ya crecieron ese año, con un gasto total de 2.114 millones de euros, de los que 507 iban destinados a pagar nóminas. El mayor salto se produjo de 2017 a 2018, con un presupuesto total que pasó de 2.085 a 2.427 millones. El año siguiente se disparó el gasto dedicado al pago de nóminas, de 568 a 642 millones.

Según explican desde prensa de la Conselleria de Hacienda, reconocen el incremento de gasto, pero aseguran que viene motivado por la puesta en marcha de À Punt y la de otros organismos como la empresa pública que absorbió al personal de los bomberos forestales. El gasto de personal se incrementado también por un incremento en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, por nuevas necesidades en la Empresa Pública de Vivienda y Suelo, o en incremento de ayudas para la dependencia que gestiona el IVASS, entre otras cosas.

Lo cierto es que el presupuesto se ha disparado respecto a la etapa anterior y el Consell ya anunció la semana pasada la puesta en marcha de nuevos organismos que verán la luz a lo largo de esta legislatura.

Según los propios datos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que regula el mapa de entidades públicas la cifra queda repartida en organismos autónomos (13), entidades de derecho público (11), entidades públicas empresariales (4), sociedades mercantiles (11), fundaciones (15) y consorcios (6). Tan sólo seis permanecían en proceso de extinción y cuatro estaba en condición de no activos. Sin embargo, lejos de empequeñecer esa ya de por sí gran estructura pública, ha anunciado al menos seis nuevas entidades de distinta naturaleza administrativa. Se trata de la empresa pública para rescatar la gestión de las ITV, la empresa pública para asumir la plantilla de Feria Valencia, la entidad pública para asumir al personal de las reversiones de Sanidad, la Agencia de la Energía, la Agencia contra el Cambio Climático y, la última que ha sido anunciada es una suerte de Fundación para el impulso de las políticas de Inteligencia Artificial.

De hecho, en el último plan de ajuste que el Consell envió al Ministerio de Hacienda, se comprometió a que hasta 2020 iban a suprimirse nueve entidades, un objetivo que, a día de hoy, está lejos de la realidad.

De hecho, según el Consell ve ahora justificado que no sólo no mengue, sino que crezca. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, defendió al semana pasada que el sector público empresarial se organiza y dimensiona «en función de eso», de garantizar derechos, y aseguró que tanto la sanidad como, por ejemplo, la gestión de las ITV son buenos ejemplos para ilustrar su teoría. «¿Cuánto tiempo llevamos, por la privatización que se hizo de las ITV, pagando más que en otros territorios? Y encima un beneficio que se llevan las empresas», advirtió la vicepresidenta.

Con los últimos datos publicados el pasado verano por el Gobierno valenciano en su portal de transparencia, el sector público contaba con 44 cargos directivos a repartir, aunque no todos de ellos remunerados. En el caso de algunas empresas o fundaciones, los secretarios autonómicos o directores generales titulares de la unidad administrativa de la que dependen estas empresas ejercen su dirección. Por ejemplo, el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, ejerce de director de la S+EM, el organismo autónomo desde el que se gestiona la coordinación y la respuesta a las emergencias. O, el servicio valenciano de empleo, LABORA, en manos del Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu. Pero en esa situación sólo están seis de las empresas públicas. El resto cuentan con un puesto de alto directivo, con una retribución variable según la entidad, que en ningún caso puede superar el salario que percibe un director general de la Generalitat. Es decir, los sueldos llegan hasta los 58.787 euros al año, aunque se pueden completar con los complementos que todos ellos perciban si tienen carrera profesional o trienios en la Administración. Sólo se permiten excepciones a ese tope salarial en altos directivos que por causas debidamente justificadas vinculadas a la competitividad externa o especial cualificación, requieran de más salario. Pero para ello, el Consell debe aprobar su cuantía previamente, como sucede, por ejemplo, en el caso de los intendentes del Palau de Les Arts, procedentes de un sector con sueldos por encima de los que paga el Consell.

Además, como novedad, desde la aprobación de la Ley de Acompañamiento a los últimos presupuestos de la Generalitat, todo el personal debe ser nombrado por el Consell para aumentar el control sobre las designaciones.

El decreto que regula el personal directivo del sector público fija como criterio para la contratación de los máximos responsables la solvencia académica, profesional, técnica, científica o artística, así como experiencia en puestos de responsabilidad similares. Para adquirir la condición firman contratos de alta dirección y en ocasiones superan concursos antes de pasar a formar parte de la entidad, con rango de alto cargo de facto. Pero en la práctica, los partidos eligen a dedo a los ocupantes de esas plazas, a pesar de las recomendaciones de la Intervención. En otros casos, se publican concursos en las webs de las empresas a los que no se da publicidad.

Pero, los directores de las empresas no son los únicos en conseguir plaza en el cotizado sector público. Cada entidad, dependiendo de su clasificación puede contar con uno, dos o tres puestos de personal directivo. Cargos para los que tampoco hay que pasar ningún proceso selectivo más allá de una reunión del consejo de administración de la empresa. De hecho, en el nuevo Botánico ya han surgido los primeros problemas para llevar a cabo algunos de estos nombramientos, sobre todo en la empresa pública de Vivienda y Suelo, que, a día de hoy, tiene aún en el limbo a dos directivos cuyos nombramientos aún no han pasado por el Consell.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, lanzó esta pasada una propuesta en Les Corts para que el Consell reduzca en un 30% sus fondos destinados a asesores, altos cargos y también sector público, para liberar presupuesto de cara a contigencias. El portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, asegura que en los tres últimos ejercicios liquidados del Consell, «las empresas públicas llevan perdiendo una cantidad importantísima, cerca de 600 millones de euros según la sindicatura de Comptes y la Intervención». Según el diputado, a eso hay que contar que el Botánico «incumplió su plan económico financiero donde decía que antes de julio del 2019 se tenían que suprimir nueve entidades. Mintieron en el documento que mandaron al Ministerio de Hacienda», lamenta.

Para Rubén Ibáñez, el sector público «s la gran fuga por donde se sale una cantidad ingente de miles de millones de todos los valencianos y una fábrica de colocación de enchufados y afines». El parlamentario lamenta que, además, «ahora nuevas entidades que hacían las consellerias y que veían trabas, las prefieran salvar con entidades. El síndic de Comptes, hace semanas se refirió a casos concreto en Les Corts, como a que la CVMC debería ser una entidad a extinguir, ya que una vez consolidada la sociedad valenciana de medios, no tiene razón de ser», dijo como ejemplo. El PP considera que el sector público «necesita reestructuración y tapar la fuga de dinero que se escapa año tras año».