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La Administración de Justicia funciona a diferentes velocidades desde la declaración del estado de alarma. Por un lado, se encuentran los funcionarios (gestores procesales, tramitadores y personal de auxilio judicial). En total, 4.570 empleados públicos, según los datos de la propia Conselleria de Justicia. De esta cifra, uno de cada cinco, algo menos de un millar, disponen de la posibilidad de teletrabajar, es decir, tienen ordenadores con sus correspondientes programas de gestión.
Pero la condición anterior tampoco significa que necesariamente lo estén haciendo. No hay que olvidar que los plazos están todavía paralizados y únicamente se permite la presentación de escritos, aunque si activan algún plazo este queda, nuevamente, en suspenso. A esta cifra hay que sumar aproximadamente un 18% de la plantilla que desarrolla sus funciones de manera presencial, de acuerdo a las instrucciones transmitidas por el Gobierno central.
Pero estas cifras dejan un profundo agujero. En realidad, el 60% de los funcionarios se encuentran en sus casas y sin ni siquiera la posibilidad de trabajar, admiten desde la Conselleria. Por eso una de las ideas que manejan desde el departamento que dirige Gabriela Bravo es la creación de una especie de 'banco de horas' para recuperar este periodo de inactividad una vez se reactiven las causas y sea necesario un esfuerzo extra en la tramitación de los asuntos.
Diferente resulta, al parecer, la situación de los jueces y fiscales destinados en la Comunitat. Estos profesionales, alrededor de un 80% en ambos casos, disponen de ordenadores portátiles y sistemas operativos con lo que pueden adelantar parte de su trabajo desde sus domicilios.
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