El Senado pide a Les Corts datos de las subvenciones recibidas por Compromís

El Senado ha solicitado a Les Corts diferente documentación sobre la financiación de los partidos políticos y, en concreto, sobre la contabilidad de la coalición Compromís. Esta petición de información se produce bajo el paraguas de la investigación sobre la financiación ilegal de los partidos políticos que se sigue en una comisión en la Cámara Alta. El requerimiento afecta también al Bloc, formación nacionalista que está siendo investigada en unas pesquisas judiciales por los supuestos pagos irregulares de actos electorales en los comicios de 2007. En el escrito, se demanda al presidente de Les Corts, quien en su día fue secretario general de la formación bajo sospecha, que se aporten todos los justificantes de las subvenciones que recibieron los distintos integrantes de la coalición desde 2007 a la actualidad. Entonces, en aquellas elecciones, la organización incluía los partidos de Esquerra, el Bloc, Verds... También pide el nombre de los dirigentes que han justificado esas subvenciones y las cuentas bancarias en las que se ingresaba el dinero, así como las personas autorizadas en los citados depósitos.

A mediados del mes de marzo, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, compareció en la citada comisión por la financiación de su formación en los últimos comicios. La presión del portavoz popular, Luis Aznar, le llevó a reconocer que Compromís no financió la campaña de los últimos comicios locales y autonómicos, los de 2015, con los bancos, sino con los proveedores, una cuestión que, según señaló el senador popular, «es ilegal». Aznar, además, anunció que la comisión investigadora de las cuentas de los partidos iba a reclamar oficialmente a Compromís el listado de las empresas que contribuyeron a su financiación con unos 800.000 euros y los compararán con las firmas que se han convertido en proveedoras actuales de la Generalitat.

La investigación judicial que ha impulsado el PP tras una denuncia en una comisaría de policía afecta tanto al PSPV como al Bloc, el socio mayoritario en la coalición nacionalista. Se da la circunstancia de que este partido ocultó hasta en dos ocasiones su balance del ejercicio bajo sospecha (2007) al Tribunal de Cuentas sin que aportara ninguna justificación de esta actitud.

Una de las investigaciones abiertas en varios juzgados de España incluye la subvención que el municipio de Gandia dio a la Federación Valenciana de Fútbol para la sede que iba a abrir en la Ciudad Ducal. El inmueble pertenecía a la hija de Antoni Gomar, concejal del municipio que no dudó en participar en el pleno que dio el visto bueno a esa decisión. Se da la circunstancia de que otro hijo era el dueño de la empresa Crespo Gomar, señalada por pagar sufragar actos electorales del PSPV y el Bloc a cambio de contratos públicos. Además, un hermano del edil era el tesorero de la federación deportiva.

El Ayuntamiento de Gandia anunció su total colaboración con la Justicia. En las próximas horas deberá materializarse con la entrega del citado expediente, que fue reclamado recientemente por la autoridad judicial. Se intenta despejar de cualquier atisbo de ilegalidad la concesión de la ayuda. El Ayuntamiento aprobó la subvención, que superaba los 250.000 euros, con los informes favorables del Consejo de Participación, órgano consultivo del Ayuntamiento. De igual modo, ese documento avala que el concejal tomara parte de la votación. No existía causa de incompatibilidad, según el dosier. También se sostenía que no se beneficiaba de forma directa a la hija del edil al comprarle el local que supuestamente estaba a nombre de una mercantil.

La supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc se canaliza a través de la citada sociedad Crespo Gomar. Un vehículo para que a través de la facturación de servicios ficticios se pagaran, en realidad, determinados actos electorales. Se trata de la misma práctica que el PP construyó alrededor de las empresas de Francisco Correa.

La única diferencia es que mientras el PP utilizaba los contratos de la Generalitat Valenciana para compensar el apoyo de las empresas que contribuían a su caja B del partido, en Crespo Gomar, al parecer, era el propio Gobierno central el que 'premiaba' con determinadas adjudicaciones. La mayor de ellas llegó de la mano de la Dirección de Consumo, del Ministerio de Sanidad. El organismo lo dirigía Etelvina Andreu, a quien Crespo Gomar organizó actos de partido cuando era candidata al Ayuntamiento de Alicante en 2007. El contrato fue de 2,2 millones de euros.

Y Aguas del Júcar, por ejemplo, adjudicó a la misma empresa relacionada con el PSPV gandiense el diseño, la producción y el plan de comunicación de las actuaciones de las infraestructuras hidráulicas por un total de 234.700 euros. También se hizo con la difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por 148.000 euros. Sanidad, en diciembre de 2008, le adjudicó por 200.000 euros una campaña de consumo responsable.

Estos hechos tienen un punto de partida, al menos conocido, que es 2007. Las sospechas de la financiación ilegal de los partidos políticos -ahora todos aquellos que obtuvieron representación parlamentaria estarían salpicados- cuestionarían el resultado de aquellos comicios. De igual modo, evidenciaría la falta de efectividad de los controles de los órganos fiscalizadores.