El PP señala que hay que fomentar el valenciano, «pero no imponerlo»

El PP de Les Corts recalcó que los informes del Consell Jurídic Consultiu y de la Subsecretaría de Presidencia de la Generalitat «coinciden y validan» las alegaciones que los populares presentaron al decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL). Así lo explicaron los diputados populares Jorge Bellver y María Jose Ferrer-San Segundo, quienes indicaron que hay que fomentar el valenciano, «pero no imponerlo», y que «son muchos los que no quieren la imposición generalizada» ni «la fractura y el conflicto que se ha producido ya» en otros lugares, como Cataluña y Baleares.

Ferrer-San Segundo se preguntó si esa Oficina va a intervenir para «imponer el valenciano entre dos personas privadas», por ejemplo en un comercio, y consideró que ese decreto crea una especie de «vigilantes lingüísticos, de comisarios o de policía del hablar correctamente» que no necesita la sociedad valenciana. La letrada y diputada avanzó que también recurrirá la futura ley de empleo público si finalmente incluye el requisito lingüístico «como excluyente y obligatorio para todos los puestos de trabajo sin ninguna excepción».

Bellver lamentó que el decreto de la ODL «invade» competencias de otras Administraciones e incluye la posibilidad de «delación o denuncia entre ciudadanos, lo que es ilegal», y defendió que en la Comunitat ya hay un garante de los derechos lingüísticos, el Síndic de Greuges, y un Servei d'Ús i Drets Lingüístics.