Una sentencia por un acuerdo del Consell de 2012 puede costarle 24 millones al Botánico

El nuevo Gobierno del Botánico sumó ayer un nuevo nubarrón a su complicada horizonte financiero. Una sentencia dictada el pasado 10 de junio puede abocar a la administración autonómica a tener que abonar 24 millones de euros. ¿El motivo? El fallo reconoce el derecho de un grupo de interinos de la Generalitat a percibir el sueldo que se les recortó en 2012, justo en el momento de mayor angustia para las cuentas autonómicas, cuando el Ejecutivo presidido por Alberto Fabra aprobó un decreto que redujo la jornada laboral, y también los salarios, de estos empleados públicos.

El fallo, que es el primero de estas características, estima el recurso contencioso-administrativo presentada por un grupo de interinos contra una resolución del 14 de noviembre del año pasado dictada por la conselleria de Justicia, y que pretendía dar carpetazo a la reclamación planteada por estos empleados. La estimación del coste aproximado de atender esos sueldos a los 2.500 empleados interinos afectados por la medida la hizo la propia conselleria de Hacienda en 2014, precisamente cuando el TSJCV anuló la mencionada resolución. El cálculo, unos 24 millones de euros, constituye en la actualidad un problema añadido a los que ya arrastra el Gobierno valenciano, advertido por el propio ministerio de Hacienda y por otros organismos del riesgo de desviarse un año más de la senda de déficit marcada para este ejercicio.

La sentencia que se acaba de conocer se retrotrae a 2012, año en que la Conselleria de Hacienda aplicó el conocido como «decreto Vela» –en alusión al responsable de la conselleria durante esa etapa, José Manuel Vela– a los funcionarios interinos al servicio de la Generalitat para reducir su jornada laboral a 25 horas semanales y en consecuencia sus retribuciones. 

Un grupo de funcionarios interinos presentó recurso ante un juzgado de instancia contra la resolución de febrero de 2012 de la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria de Hacienda que, en aplicación del decreto ley para reducir el déficit público, redujo la jornada de los interinos a 25 horas semanas y en proporción también su sueldo. El juzgado desestimó ese recurso, por lo que apelaron ante el TSJCV, al entender que la resolución era contraria al derecho de igualdad en las funciones públicas por suponer una discriminación por su condición de empleados temporales. Y el alto tribunal les dio la razón en 2014.

La sentencia conocida ahora entiende que la resolución que sirvió como base para el decreto de recortes de 2012 fue anulada por el TSJ al considerar «vulnerado el derecho a la igualdad de trato en el ámbito de la función pública en la resolución de 2012 por infracción de la normativa comunitaria».

La conselleria de Justicia, por su parte, alegaba que dado que los interinos presentaron inicialmente recurso por la vía de lo contencioso administrativo, y que dicho recurso fue desestimado, así como que el TC confirmó la legalidad constitucional de la diferenciación entre el colectivo de interinos y el de funcionarios, cabía desestimar la petición de los primeros.

Pero la sentencia no sólo da la razón a los recurrentes, sino que además obliga al pago de intereses de demora de las cantidades que deban abonarse y condena a la Generalitat al pago de costas. Una sentencia pionera y que favorece a los interinos de la Generalitat, pero que genera un nuevo problema financiero para las arcas autonómicas en el caso de que los 2.500 afectados presenten recurso.