La Audiencia lleva cuatro meses para decidir si mete a Grau en la cárcel por la condena de los relojes del lujo

Pero ahora, el problema más inmediato que arrastra es el de la condena por aceptar relojes de lujo. La Audiencia de Valencia le impuso cuatro años de cárcel por cohecho (aceptar los obsequios) y blanqueo (cambiarlos por otros para dificultar su origen).

El Tribunal Supremo rebajó el castigo a nueve meses de prisión al descartar el blanqueo y dar validez a la tesis del propio acusado: cambió las piezas por otras que le gustaban más. Grau es un coleccionista de relojes de lujo.

La sección Segunda de Valencia -cada tribunal se encarga de las ejecuciones de sus propias condenas- lleva cuatro meses para decidir qué decisión adopta respecto a Alfonso Grau y el empresario de Transvia Urbano Catalán, el corruptor del político del PP. En ocasiones, los operadores se quejan de la lentitud de la Justicia. Un mal que no sólo afecta a los periodos de instrucción sino que, en ocasiones, se refleja también en situaciones de este tipo.

La defensa reclamó la suspensión de la condena. La Fiscalía, en un informe del pasado mes de julio, entendió que pese a que la pena es menor de dos años de cárcel y no cuenta con responsabilidades económicas pendientes conviene reparar en la naturaleza delictiva de la actuación del exvicealcalde. Una condena de corrupción no puede quedar como un simple gesto de cara a la galería, sostuvo el fiscal.

Este tipo de delitos, relacionados con la corrupción, «inciden de manera directa en el desprestigio de las instituciones públicas y afectan de manera grave y socialmente reprochable al interés general», mantiene la acusación pública. La conducta de Grau resultó »especialmente reprobable«.

La Fiscalía condicionó la suspensión de la condena al pago de una multa de 36.000 euros. La elevada cifra se justifica en el valor de los exclusivos relojes que aceptó el político y en la colección de piezas de lujo que le fue encontrada en su domicilio. Como alternativa se propuso también la posibilidad de que cumpla con seis meses de trabajos sociales. «Todo como una forma de reparación simbólica a la sociedad». Este último castigo debe contar con la autorización del condenado.

Este es el primer escollo: saber si podrá permanecer en libertad o tendrá que ingresar en prisión. Su primera estancia en la penitenciaría por el caso Azud, de seis meses de duración, supuso un gran impacto en el estado de ánimo del exvicealcalde, de más de 80 años de edad.

Pero tiene otros asuntos no tan inmediatos pero sí quizá de mayor gravedad para el futuro más cercano. Por ejemplo, el juicio por la financiación ilegal del PP de la ciudad de Valencia en el periodo 2007-2011.

La Audiencia dio carpetazo al pitufeo, pero mantuvo los indicios de criminalidad sobre el periodo anterior, cuando se detectaron pagos de las principales contratistas del Ayuntamiento a las agencias que organizaban la campaña electoral de Rita Barberá.

Instrucción 18, no obstante, todavía no ha dictado el auto de apertura de juicio oral por este asunto. El titular del órgano arrastra un enorme retraso en la tramitación de algunas causas de corrupción, como las piezas separadas del caso Imelsa donde se investiga al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.