Dos sentencias ponen en duda la gestión de la ministra Morant sobre las viviendas públicas

Dos sentencias judiciales ponen en duda la gestión del Ayuntamiento de Gandia en materia de vivienda pública. Los fallos son de marzo de 2019 y julio de 2021, pero ambos atañen a la época en que la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, fue alcaldesa de la ciudad, entre 2015 y el pasado verano. Se han conocido ahora.

En ambas sentencias se hace referencia a la exprimera edil por su presencia para evitar un desahucio, motivo que habría desencadenado los procesos judiciales, relacionados con un conflictivo bloque de viviendas de protección oficial (VPO), en régimen de alquiler. Se trata de un conocido edificio ubicado en la calle Perú, donde en 2017 llegó a producirse un enfrentamiento entre clanes gitanos, con una víctima mortal de por medio. Todo a escasos metros de un instituto.

Morant, al poco tiempo de acceder al cargo, en junio de 2015, acudió a un desahucio que estaba previsto en el inmueble, pero lo comitiva judicial no puedo llevarlo a cabo, ante la falta de colaboración de la Policía Local, como argumentan las dos sentencias.

El edificio era una concesión administrativa, donde una empresa levantó el inmueble con un crédito del ICO, con el fin de habilitar casi 80 viviendas de alquiler. El proyecto patinó desde el principio, ya que la mercantil no abonaba al Consistorio el canon acordado y empezaron a producirse problemas de convivencia.

De hecho, en junio de 2015, el día que fueron Morant y otros ediles al inmueble, es el punto de partida del perjuicio que la empresa entiende que ha sufrido. En las sentencias se reconoce el argumento de que la presencia de la ministra desencadenó que otros propietarios no pagaran y se multiplicaran las ocupaciones.

De forma paralela, los problemas que ha dado este inmueble llevaron al Ayuntamiento a cancelar la concesión, decisión que se aprobó en una Junta de Gobierno de octubre de 2017. Gandia entendía que tenía que pagarle a la constructora el valor del edificio, tres millones, pero descontando medio millón que adeudaba de canon y otros 700.000 euros por los daños que presentaba el edificio.

La empresa acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia para recurrir la liquidación. Allí se validó la decisión de Gandia, pero se desestimó el pago de los 700.000 euros por daños, como también ha ratificado el fallo del TSJ del pasado julio. Por este motivo, Gandia ingresó 2,5 millones ante el ICO, donde la mercantil tenía deudas.

La ministra ha afirmado que ella acudió al acto no para impedir un desahucio, sino «para dar una alternativa a una madre y a su hijo de dos años, en un momento difícil». De hecho, Morant ha añadido que hay «documentos que certifican» que a los pocos días pasaron a una vivienda social de Gandia.

Pero estos argumentos no valen al Partido Popular. Desde la formación han reclamado este lunes una comisión de investigación. «Llevamos años preguntando al gobierno local por este edificio y no sabíamos nada de todo esto», ha dicho el portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler . «Queremos que políticos y técnicos den todos los detalles del proceso».

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