Las sentencias de los zombies y de Alquería amenazan las próximas elecciones autonómicas

Los políticos buscan una campaña tranquila, exenta de elementos perturbadores, en la que puedan colocar sus mensajes sin interferencias desde otros ámbitos. PP y PSPV afrontarán las próximas elecciones de mayo –autonómicas y locales– con el eco todavía fresco de las sentencias del caso Alquería o de los zombies del PP. Una situación no sólo posible sino probable.

El juicio del caso Alquería, la contratación ilegal de trabajadores, arrancará a mediados de septiembre. Termina a finales de noviembre. Y luego llega la Navidad y los Reyes. Un procedimiento de esa envergadura, salvo excepciones como una de las piezas del caso Blasco que tardó casi un año, puede tener sentencia en tres o cuatro meses. Esta situación dejaría el fallo a las puertas de la campaña electoral.

Con independencia del resultado, condena o absolución, formará parte de las campañas. Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia es el principal acusado en esta pieza. Tras su salida del PSPV, montó La Vall Ens Uneix con la que de nuevo fue elegido alcalde de Ontinyent.

En el otro lado, el de los populares, la situación también puede verse alterada por el resultado de los procedimientos judiciales. El asunto de los zombies, el juicio a Rus y la cúpula de Imelsa y Ciegsa por pagar sueldos a personas sin ninguna ocupación en las citadas empresas públicas, también tendrá un desenlace próximo a esas fechas, aunque todavía no se ha fijado la fecha del juicio. Los dos procedimientos no podrán coincidir ya que los dos corresponden al mismo fiscal anticorrupción.

Sería el primer asunto sobre el que se pronuncia la Audiencia sobre las piezas derivadas de la macrocausa de Imelsa. Todas estas investigaciones han sufrido cierta parálisis en los últimos años ante la falta de actividad del juzgado. De hecho, esta pasada semana se cumplían seis años de la anunciada detención del expresidente de la Diputación Alfonso Rus.

Desde que se vio obligado a cerrar la fábrica se encuentra sin trabajo. El abogado lo paga un seguro de responsabilidad civil que, de momento, le ha anticipado cerca de 60.000 euros para sufragar su defensa. Precisamente es el mismo seguro al que se ha acogido Jorge Rodríguez para costear su representación legal. En su caso, según la información de que dispone LAS PROVINCIAS, todavía no se ha abonado ninguna cantidad.