Serafín Castellano se sienta en el banquillo nueve años después de su detención

La primera circunstancia que resulta inevitable en el análisis son los años transcurridos. Un periodo suficientemente extenso para alargar la agonía de cualquier sospechoso, también de Castellano. Y la sentencia -y los consiguientes recursos- demorarán el desenlace a un periodo de mínimo unos once años. Pongámonos en porcentajes. Un hombre vive una media de 80 años. Perder una década supone hipotecar alrededor del 12% de su vida. Parece algo desmesurado.

Castellano se ha sumergido en un perfil bajo. Apartado del PP –fue el secretario general del partido en la provincia de Valencia– tuvo que buscarse la vida por su cuenta. Esa 'reinvención' ya lo hizo en el seno de los populares donde al principio se posicionó en el lado de los zaplanistas en aquella guerra civil que dinamitó a los populares pese a gobernar. Se centró en la abogacía, carrera que había estudiado pero de la que prácticamente no había ejercido.

La caída económica fue considerable. De la nómina del principal responsable del Ejecutivo en la Comunitat pasó a una retribución más bien escasa. «Lo ha pasado muy mal», admiten siempre en un entorno muy reservado. En ocasiones, se le ve por la Ciudad de la Justicia. Educado y correcto, saluda. Pero siempre ha preferido guardar silencio respecto a sus problemas judiciales. Arrastra cierto pesar, sin duda. Como no podría ser de otra forma. Una circunstancia difícil de esconder. En estos años de permanente tensión, su estado de salud y el de los suyos también se ha resentido.

El momento crucial, determinante para Castellano, comienza el lunes. Él mantiene su inocencia. «Está tranquilo y deseando que todo termine». Será una nueva ocasión en la que poder escuchar sus explicaciones. Hasta la fecha ha optado por guardar silencio. Una estrategia que puede mantener en la vista.

La acusación es una terrible amenaza. La Fiscalía Anticorrupción pide 21 años de cárcel como supuesto autor de los delitos de falsedad en documento público, cohecho, malversación y asociación ilícita en el denominado como 'cártel del fuego'. La situación no es extraordinaria. De hecho, la causa se derivó a la Audiencia Nacional porque la supuesta actividad ilícita de las empresas –un concierto para repartirse el mercado– se repetía en buena parte de las autonomías.

La Fiscalía sostiene que se produjo una «asociación de personas y empresas del sector vinculado a la extinción de incendios que, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia». De tal forma, que sólo concurrían a las licitaciones con ofertas pactadas entre ellos.

Pero, además, desde la Administración valenciana beneficiaron a las empresas de la trama con resoluciones que les permitían aumentar sus ingresos. El contrato que licitó la Conselleria de Gobernación fue, en total, de 33 millones de euros.

La Fiscalía detalla que a cambio de ese trato privilegiado desde la Administración, el exconseller recibía una contraprestación. Así, el escrito de acusación detalla «cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético (un rifle Browning) dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y similares)». Esto se hacía por parte del empresario, que se enfrenta a 33 años de prisión, o bien a través de sociedades vinculadas con el dirigente.

Otro de los indicios incriminatorios son los numerosos servicios de hostelería y restauración, prestados a partir de 2007. En este apartado se incluyen facturas en el parador nacional de Albacete, el Hotel Villagadea de Altea, el Hotel Beatriz de Albacete & Spa…, así como en cenas y comidas, servicios de catering y similares». En algún caso, según desveló el gerente de la entidad -profundamente enemistado con Huerta y que incluso llegó a ser condenado- pagos en efectivo, como cuando supuestamente Castellano exigió 5.000 euros para irse a cazar.

En total, la acusación cifra en más de 160.000 euros, la cantidad que el dirigente popular llegó a recibir durante un periodo en el que ocupaba diferentes cargos públicos. El hecho de que asistiera a cacerías con Huerta es público y notorio. En su momento, el periódico Levante publicó una imagen de esas jornadas. Hay quien sostiene, siempre desde el núcleo del exconseller, que si hubiera tenido algo que ocultar nunca hubiera ido a esas invitaciones. «Fue un error, sí», admiten. Pero no hubo más contraprestaciones de ningún tipo, insisten.

El hecho de que la causa fuera a la Audiencia Nacional todavía retrasó más las diligencias, actuaciones que sufrieron incluso cierta parálisis. De ahí el evidente retraso y la posibilidad de unas dilaciones que rebajaría un eventual castigo. Aparte de Castellano y dirigentes de otras autonomías -el juicio cuenta con una treintena de acusados- la causa también salpicó a Pedro Hidalgo, el que fuera director general de Interior. Este hombre falleció durante la tramitación del procedimiento. En el banquillo estará su hijo únicamente a título lucrativo. La Fiscalía asegura que el empresario le dio un vehículo de alta gama que usaba el descendiente del alto cargo.

Esta es la única causa que le queda al exconseller. Pero la Justicia ya le dio la razón en otro asunto derivado de esta macrocausa. Se trata de los contratos que desde diferentes consellerias dio a su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher. Castellano nunca negó esa relación que se extendía también a sus parejas e incluso tenían alguna propiedad en común. En concreto, se analizó un posible fraccionamiento en las obras adjudicadas en el centro de emergencia de l'Eliana. La Generalitat quiso acusar, pero Fiscalía pidió el archivo. Idéntico desenlace -el sobreseimiento- fue el de otras diligencias encaminadas a analizar si el mismo empresario hizo obras gratis en casas de tres directivos de La Fe y de una diputada del PP. Taroncher también falleció durante la larga instrucción de esta causa.