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El síndic de Comptes aboga por revisar el gasto electoral subvencionable de los partidos

EFE

Jueves, 3 de octubre 2019, 00:32

valencia. El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, afirmó ayer que le resulta «sorprendente» que haya partidas que la ley electoral no considera subvencionables, como el alquiler de autobuses para llevar a gente a mítines, y opinó que se podría revisar qué partidas se pueden subvencionar.

Cucarella se pronunció así en la comisión de Economía de Les Corts, donde ha expuesto los informes elaborados por la Sindicatura sobre cinco órganos estatutarios (que se han fiscalizado por primera vez), entidades locales, los Fondos de compensación interterritorial y la contabilidad electoral de los comicios autonómicos de abril.

Sobre este último informe, el síndic major de Comptes señaló que en los últimos tiempos ha cambiado «mucho» la forma de desarrollar las campañas electorales, por lo que «posiblemente» la ley podría adaptarse a la nueva realidad y revisar qué partidas pueden tener la condición de gasto electoral subvencionable.

Respecto a las instituciones estatutarias, como la Sindicatura de Greuges o el Consell Valencià de Cultura, indicó que al ser la primera vez que se fiscalizan han sido un poco «paternalistas», pues por ejemplo algunas contabilizaban «sin mala intención» cosas en la cuenta que no tocaba, algo que no tiene «mayor importancia».

De la fiscalización a las entidades locales, resaltó que solo quedan dos municipios que no han entregado las cuentas de 2017 a la Sindicatura, de entre cerca de 600 entidades locales, y recordó que no pueden cobrar subvenciones públicas quienes no rinden sus cuentas a la institución fiscalizadora.

Cucarella señaló que otras autonomías han copiado esta medida y han notado una mejoría, porque «el juicio social de que la Sindicatura te señale no es tan importante como no poder recibir una subvención», algo que los ciudadanos sí que «echan en cara» a sus gestores. Además, recordó que con la nueva ley de la Sindicatura de Comptes existe la posibilidad de implantar una multa coercitiva, para «presionar aún más» la falta de colaboración.

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