Burguera
Martes, 14 de marzo 2023, 21:22
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública no ha mostrado el respeto y la colaboración que la Sindicatura de Comptes considera que debería ofrecer, ... tanto a los ciudadanos como a la propia institución, en lo referente a una denuncia de «graves irregularidades» en las pruebas selectivas convocadas para el acceso al cuerpo superior técnico de investigadores científicos de la Administración de la Generalitat. El socialista Ángel Luna, síndic, reprueba de este modo el comportamiento del departamento que dirige la socialista Gabriela Bravo, consellera.
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La resolución, con fecha del pasado 10 de marzo, explica que el denunciante se puso en contacto con la conselleria el pasado 29 de julio, un recurso de alzada contra «la actuación del órgano selectivo». Cuatro meses más tarde, la Sindicatura admitió la queja «respecto a la falta de respuesta» de la Generalitat. Un mes más tarde, el 30 de diciembre, la Sindicatura recibió un informe de la conselleria, según el cual había respondido a la denunciante. Sin embargo, el 13 de enero, el recurrente «manifiesta que el órgano selectivo ha vulnerado los principios de igualdad y transparencia».
¿Por qué? Pues, según la persona denunciante, porque un miembro del órgano selectivo en la oposición también había sido el formador de uno de los aspirantes, que además había obtenido méritos bajo su tutela. Igualmente, denuncia que «en contra de las bases de la convocatoria, se ha admitido a aspirantes que no cumplen el requisito de cinco años de experiencia postdoctoral», y que la valoración de méritos realizada durante la oposición estaba orientada para beneficiar a alguno de los aspirantes.
El 1 de febrero, el Ángel Luna recomendó a la conselleria «revisar la actuación» para analizar lo que hizo el jurado de la oposición. La Sindicatura instó también a elevar esa revisión a los órganos superiores de la conselleria con competencias para «corregir la situación» o, en caso de desestimar la queja, justificar los motivos. Sin embargo, el 8 de marzo, la respuesta de la Conselleria de Justicia y Administración Pública fue la de «enviar de nuevo el mismo documento remitido como informe inicial», el del 30 de diciembre pasado.
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La Sindicatura reaccionó con severidad ante la actitud del departamento de Bravo. «La actuación de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública no ha resultado respetuosa», determina la resolución de Luna, que lamenta que no se haya actuado como una buena Administración.
Además, la resolución reprocha la actitud respecto al «deber de colaboración con el Síndic, ya que la Conselleria no da respuesta a las observaciones del Síndic, limitándose a adjuntar el mismo documento que remitió como informe inicial, sin hacer siquiera mención a aquellas». Y, en este sentido, recuerda que se trata de una «falta de colaboración» y que «no se da respuesta a un requerimiento».
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«Llegados a este punto se hace evidente que desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic. Ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja», advierte la Sindicatura, que considera que desde la conselleria se ha producido «la vulneración de los derechos de la persona» por parte de la conselleria. El Síndic resuelve que se ha producido una «falta de colaboración» respecto a recomendaciones que se han incumplido por parte de la conselleria. Igualmente, decide hacer públicas sus recomendaciones y el incumplimiento por parte del Consell.
El único poder de la Sindicatura es hacer públicas sus denuncias y la actitud de la Administración, y si bien no es habitual que lo haga, en otras ocasiones Luna ha emitido resoluciones reprobatorias a las actitudes de consellerias como la de Igualdad o la de Sanidad. Ahora le toca el turno a la Conselleria de Justicia y Administración Pública en una materia, la de las oposiciones, que cada vez genera más conflictividad jurídica, ante lo cual, la respuesta de los organismos es básica para preservar la seguridad jurídica de los aspirantes a un empleo empleo público cada vez más cotizado.
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