El Síndic de Greuges cuestiona la legalidad de los gastos de los grupos de Les Corts

La Sindicatura de Greuges se sitúa en el lado de la transparencia y reclama que los grupos parlamentarios de Les Corts publiquen con detalle a qué han destinado los 14 millones de euros de dinero público que se han repartido a lo largo de este legislatura. El Síndic de Greuges, José Cholbi, es otra voz que se une contra la opacidad de las ayudas parlamentarias. De la misma manera que el propio presidente de la Cámara regional, Enric Morena; la Sindicatura de Comptes y el Consell de Transparència, el equivalente al Defensor del Pueblo español considera que los partidos políticos deben dar luz sobre la gestión de los fondos públicos que reciben.

«El hecho de la inexistencia de medidas específicas de control financiero convierte en imprescindible, desde el punto de vista de la transparencia, permitir que se pueda hacer un control de legalidad comprobando que los recursos públicos se han destinado a la finalidad legalmente establecida y no a usos legalmente prohibidos», señala la resolución de la Sindicatura de Greuges, que insiste en que la contabilidad de los 14 millones de la subvención la llevan los propios grupos políticos «y no está regularmente intervenida ni fiscalizada por la Intervención (de Les Corts)».

De esta manera, en una resolución registrada el pasado mes de mayo, la Sindicatura cuestiona que los grupos parlamentarios hagan un buen uso de los miles de euros que reciben cada año. El Reglamento de Les Corts es muy claro en el artículo 28, donde indica que las ayudas económicas se deben destinar a los gastos de funcionamiento de los grupos. El Síndic insiste en la necesidad de que existan facturas de los gastos y exige que el uso que se hace de la ayuda pública entre dentro de la legalidad.

El ciudadano que recurrió a la Sindicatura de Greuges pidió a Les Corts que le facilitara de manera detallada el proveedor, objeto, motivo, importe y fecha de cada uno de los gastos realizados por los grupos parlamentarios con la subvención que reciben de la Cámara.

El Parlamento comunicó que era imposible facilitar la documentación porque ésta sólo estaba en manos de los grupos. El Síndic de Greuges pidió un informe a Les Corts, que recordó que no era factible conocer la información y que iba a trasladar la petición del ciudadano a la comisión de Gobierno Interior, que es la que regula el funcionamiento de los grupos. Los representantes políticos, como reconoce Les Corts, tuvieron conocimiento de la petición pero optaron por el silencio unánime. Incluso desde la Mesa invitaron al interesado a que pidiera la información de manera individualizada a los grupos.

La Sindicatura de Greuges defiende en su resolución que los grupos forman parte del funcionamiento y organización de los parlamentos, por lo que no tienen una personalidad jurídica propia. «La solicitud del interesado tiene por objeto la petición de acceso a datos relativos al destino de fondos públicos y los grupos parlamentarios están obligados a rendir cuentas», señala la Sindicatura, que recuerda que al final de la legislatura tienen que poner a disposición toda esa gestión económica al servicio de la Mesa.

«La disposición de recursos que proporciona Les Corts a los grupos es información pública que puede ser objeto del derecho de acceso, teniendo en cuenta su relevancia a los efectos de controlar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento efectivo de las determinaciones legales sobre su utilización», dicta la resolución, que insiste en que existe la obligación legal de los grupos políticos de utilizar la subvención para su funcionamiento y justificarlo documentalmente ante la mesa de Les Corts.

El Síndic, en su contestación al interesado, entendió que la Mesa del Parlamento debería haber reclamado a los grupos parlamentarios la contabilidad elaborada de las ayudas públicas recibidas. El ciudadano que firmó la queja recibió solamente los balances de situación que se pueden consultar en la web sin el detalle de las facturas.