La Sindicatura alerta de las «elevadas» incidencias entre los beneficiarios de las ayudas covid

La pandemia por el Covid-19 atropelló al mundo y la Generalitat no fue una excepción. Se hizo lo que se pudo. Unas cosas bien y otras no tanto. La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de las ayudas del Plan Resistir Plus, las subvenciones contra el Covid que se destinaron a empresas y autonómos valencianos. La institución ha detectado un elevado número de incidencias, de reintegros, entre los beneficiarios. El organismo que dirige Vicent Cucarella considera que las subvenciones fueron positivas. Sin embargo, las ayudas se dieron un poco a lo loco y se han detectado un elevado número de incidencias, es decir, de obligación de reintegrar el dinero aportado, en muchos casos por falta de justificación de que se utilizase para los fines estipulados en las subvenciones. Un 11% del muestreo de expedientes revisados por la Sindicatura registraron incidencias, lo que ha propiciado que desde el organismo recomiende ampliar el control sobre esas ayudas.

El Plan Resistir Plus que anunció el Gobierno central y al que se acogió la Generalitat supuso inicialmente que a la Comunitat se le asignaban 647 millones de euros. Sin embargo, al final, las ayudas otorgadas no alcanzaron ni la mitad de esa cifra: 316 millones. Más de 25.000 autónomos y empresarios se quisieron acoger a las subvenciones del plan. El grado de ejecución presupuestaria de las ayudas en la Comunitat fue un 14,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

«Dos aspectos son susceptibles de mejora en la etapa de planificación de las ayudas: por una parte, la inexistencia de un análisis previo de la situación de partida y la situación a la que se desea llegar con la intervención diseñada y, por otra parte, las debilidades del sistema de seguimiento previsto en el plan estratégico», señala la Sindicatura. Es decir, que no se sabía exactamente a quién ni qué efecto tendría las ayudas, que, en cualquier caso, «han contribuido positivamente al mantenimiento de la actividad de los beneficiarios».

El periodo fiscalizado comprende los años 2021 (concesión de las ayudas) y 2022 (revisión de la justificación y evaluación de los resultados), cuando Ximo Puig presidía el Ejecutivo autonómico, así como el plan de control de Hacienda que se extendió al primer semestre de 2023, cuando Arcadi España era el responsable de la conselleria.

La Sindicatura constata que hay un plan de control específico para verificar las ayudas. Las comprobaciones sobre una muestra de expedientes (más de 2.000), permiten detectar un elevado número de incidencias que han propiciado el reintegro de las subvenciones en un 11% de los casos analizados.

«Es recomendable que el órgano concedente de las ayudas del PRP revise un mayor número de expedientes cuyo importe concedido sea inferior a 60.000 euros, dada la elevada proporción de incidencias detectadas entre los expedientes inicialmente incluidos en el plan de control», advierten los auditores, que señalan que, si bien el número de solicitantes se aproxima a lo previsto, «no se alcanzaron las previsiones respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria ni al número de beneficiarios». Además, «en el informe no existe una justificación de las desviaciones en los indicadores, ni del éxito o fracaso de la intervención pública realizada tras la medición de los indicadores». O dicho, de otro modo, no se sabe qué se hizo bien, o mal. Se hizo lo que se pudo, pero no se pudo demasiado.

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