La Sindicatura reprende a Les Corts por el descontrol en el gasto de los partidos y en la contratación

La Sindicatura de Comptes ha emitido su informe sobre las cuentas anuales de Les Corts, el análisis correspondiente al ejercicicio 2020. El año de la pandemia, cuando todo cambió, en el parlamento valenciano todo continuó igual, o un poco peor en lo que se refiere a la escasa voluntad de los partidos y de la propia institución de implantar procedimientos del control del gasto y la contratación. El informe, no obstante, ya advierte de que ese desbarajuste está camino de resolverse, al menos en lo que se refiere a la persistente y alevosa falta de justificación del modo en que los grupos parlamentarios de los partidos políticos emplean los cuatro millones de euros que reciben de la Cámara para sus gastos. Sin embargo, la institución dirigida por Vicent Cucarella advierte del escaso control a la hora de vigilar la contratación, y recomienda poner orden en esa materia.

La auditoría financiera expresa una opinión favorable al modo en que se han llevado las cuentas del parlamento que preside Enric Morera. No obstante, realiza tres salvedades. Dos de ellas técnicas y relacionadas a la discrepancia en criterios contables, y una última relacionada a la imposibilidad de que el análisis de los balances de Les Corts puedan abarcar toda su actividad porque hay una zona oscura: la falta de justificación en el modo en que los partidos utilizan el dinero de las subvenciones que reciben.

La sindicatura advierte de que sufre una «limitación al alcance» de su capacidad de auditar «las subvenciones a los grupos parlamentarios (...) Las subvenciones a los grupos parlamentarios han ascendido a 3.936.349 euros durante 2020». No obstante, desde el organismo se reconoce (y se sitúan como la causa de ello) que hay un cambio. Ya que, Les Corts, «siguiendo las recomendaciones de informes anteriores de esta Sindicatura» ha establecido una serie de normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios. La decisión se tomó el pasado mes de marzo y no se comenzó a aplicar hasta el presente año.

«Estas normas introducen el control interno a las subvenciones asignadas por Les Corts a los grupos, que será realizado por la Intervención de Les Corts en la modalidad de control financiero, lo que representa un paso muy importante por parte de la institución en cuanto a la transparencia de los parlamentos españoles». El informe, al incluir este comentario, ofrece un gesto de distensión en la relación, ciertamente tensa, entre la institución auditora y Les Corts.

Los partidos se han resistido durante años a poner en marcha el sistema de control que finalmente se ha implantando. El presidente Morera insistió públicamente en reiteradas ocasiones en la necesidad de establecer los controles que, finalmente, se han iniciado este año y que, cuando se auditen las cuentas del actual ejercicio, se comprobará si son lo suficientemente eficaces como reclama la Sindicatura.

Como hasta el presente año no se ha empezado a control esos gastos, indica el informe, «en consecuencia, durante el ejercicio 2020 se mantiene la situación señalada en el informe de 2019; es decir, que los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones carecen de la documentación necesaria que nos permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si existe un posible derecho de cobro de Les Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas». Es decir, que la Sindicatura continúa a ciegas en cuanto a los gastos de los partidos, tal y como le ocurre al propio parlamento valenciano hasta este mismo año.

El organismo que dirige Cucarella, además, realiza una serie de recomendaciones que revelan una falta de control en las contrataciones por parte de la Cámara valenciana. La Sindicatura advierte de que, «para valorar el criterio del precio en la contratación», es necesario que Les Corts utilicen fórmulas que no den puntos a favor de las ofertas de servicios sin baja de precios. En este sentido, insta a la Cámara a «implantar mecanismos de control que aseguren la integridad y fiabilidad de la información sobre la contratación que se incluye en la memoria de las cuentas anuales». Esa ausencia de vigilancia nace de la falta de una unidad de contratación que supervise el modo en que se adjudican este tipo de actuaciones económicas. Les Corts maneja un presupuesto de más de 30 millones de euros anuales.

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