La Sindicatura de Cuentas alerta de deficiencias e incumplimientos del Consell en la contratación

El informe señala que en los contratos ordinarios, lo que superan los 15.000 euros (excepto en el caso de las adjudicaciones de obra, que tienen que ser mayores de 40.000), «se incumple el principio de igualdad y no discriminación» en algunos casos de la muestra de adjudicaciones revisada por la Sindicatura. El organismo indica también que «no se determina con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse» con algunos contratos analizados. También se dan casos de falta de publicación en el perfil de contratante la información requerida, no se justifica adecuadamente la elección de los criterios para adjudicar el contrato, se aprueban expedientes sin la adecuada motivación, se incumplen los requisitos para la tramitación de urgencia y de emergencia, no se ofrece información suficiente para interponer recursos contra las adjudicaciones y falta control del cumplimiento de la ejecución de las contrataciones.

La Sindicatura alerta de una deficiencia «importante» en relación a los contratos menores, a dedo, directos, sin concurso, porque los informes que justifican la necesidad de esos contratos «se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato en los términos establecidos en el artículo 101 de la LCSP».

En lo relativo a los contratos menores, se trata de una irregularidad notable. Si se desconoce el valor de la adjudicación antes de realizar una contratación (que se decide que sea directa, a dedo), se puede estar realizando una adjudicación sin concurso, de algo que posteriormente se compruebe que precisaba de otro tipo de contrato, con mayor control, por valorarse su precio en una cantidad que obliga a una adjudicación por concurso. De ahí la advertencia de la Sindicatura de que se trata de una irregularidad «importante».

La auditoría también señala que, «como en ejercicios anteriores, siguen observándose determinadas deficiencias en las obligaciones de comunicación en el Registro Oficial de Contratos de la Generalidad y en la Sindicatura de Cuentas». O sea, que la Generalitat incumple la obligación de trasladar al Tribunal de Cuentas y los organismos autónomos de control la información sobre contratación. En el caso de la Conselleria de Sanidad, el incumplimiento es palmario, si bien es un problema que afecta a la práctica totalidad de departamentos del Gobierno valenciano con excepción de la Conselleria de Igualdad.

El informe de la Sindicatura realiza un seguimiento de las 24 recomendaciones pendientes de aplicar por la Administración autonómica procedentes de informes de ejercicios anteriores. Se trata de sugerencias referidas tanto a la contratación de emergencia (que en 2021 decayó notablemente respecto a 2020, el año de la pandemia). Siete de las doce consellerias contestaron. Es decir, que otras cinco (Educación, Economía, Medio Ambiente, Movilidad y Sanidad) obviaron el requerimiento de la Sindicatura de informa sobre las medidas adoptadas.

Las que sí respondieron a la institución auditora fueron Presidencia, Hacienda, Justicia, Igualdad, Vivienda, Innovación y Transparencia, y el balance es positivo, en parte. Muchas recomendaciones se han comenzado a aplicar, pero muy pocas se han cumplimentado totalmente. Respecto a la tramitación ordinaria, no se ha aplicado medidas que facilitarían el control y seguimiento de los contratos, así como la concurrencia competitiva.