La Sindicatura de Cuentas evita otro año la fiscalización por parte de Les Corts

La Sindicatura de Cuentas, el órgano encargado de la fiscalización contable de la administración autonómica y su sector público, emitió en verano de 2017 un contundente informe sobre la contabilidad de Les Corts, institución de la que depende, en la que advertía entre otros aspectos de la falta de transparencia y de control sobre los gastos de los grupos parlamentarios. Un tirón de orejas que tensionó la relación entre las dos instituciones. La reacción por parte del órgano que preside Enric Morera, unos meses después, llegó de la mano de un informe jurídico en el que se advertía de la necesidad de que la Cámara estrechara, a su vez, la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas.

La discusión, lejos de encauzarse, vive ahora un nuevo episodio. El Parlamento valenciano ha dado luz verde a la contratación de una firma auditora para la realización de los «trabajos de campo preparatorios para la emisión de informes de control financiero» del Síndic de Greuges y de la Agencia Antifraude. El contrato se adjudica por 11.500 euros y se justifica en la escasez de personal del área de Intervención de la Cámara autonómica

¿Y la Sindicatura de Cuentas? Un informe elaborado por los servicios jurídicos de Les Corts, con fecha del pasado 22 de octubre, señala que los acuerdos adoptados en la Cámara relativos a la fiscalización de las cuentas del Parlamento se han trasladado «en diferente medida» a las instituciones comisionadas de Les Corts, como la Sindicatura de Cuentas, la de Greuges y la Agencia Antifraude. Y así como estas últimas cuentan con planes anuales de control financiero permanente, en los que la Intervención fiscaliza sus gastos, la Sindicatura de Cuentas únicamente prevé el examen de sus cuentas una vez cerrado el ejercicio presupuestario. Es decir, una vigilancia a posteriori que libra al órgano que dirige Vicent Cucarella de la fiscalización previa por parte de la Intervención de Les Corts.

El informe jurídico remarca que la ley establece que las cuentas de la Sindicatura deben auditarse y que, para ello, se contratarán los servicios correspondientes y se mantendrá la documentación justificativa de sus cuentas a disposición de la Cámara. Pese a lo cual, justifica la contratación de una firma únicamente para la Sindicatura de Greuges y Antifraude.