La Sindicatura cuestiona el tipo de contratos del hermano de Puig con À Punt

Una recomendación de la Sindicatura de Comptes permitió sorprender a las productoras de Francis Puig -hermano del presidente de la Generalitat- y de la familia Adell Bover pactando precios para llevarse tres lotes de un concurso público de À Punt. El Síndic de Comptes, que fiscaliza las cuentas de la Generalitat y de las empresas públicas, cuestionó que la cadena pública contratara de manera directa a varias empresas de televisión para que nutrieran de noticias a À Punt desde las distintas comarcas de la Comunitat.

En el último informe de fiscalización, la Sindicatura apunta que durante el ejercicio de 2018 se celebraron seis contratos de menores para el servicio de corresponsalía en determinadas comarcas, «incumpliéndose determinados aspectos importantes del procedimiento de contratación».

Esos contratos se presupuestaron por un máximo de 14.900 euros (sin IVA), algo que el órgano fiscalizador de la Generalitat considera incorrecto porque la Ley de Contratos del Sector Público señala que se deben incluir los impuestos, por lo que el presupuesto máximo debería haber sido de 18.029 euros. Además, no hay una evidencia de que los presupuestos se fijaran al precio de mercado. La Sindicatura cuestiona que sólo se invitara a una empresa por comarca -lo permite la ley- «pero los informes de necesidad son incompletos, pues no justifican las razones que motivan invitar solamente a un proveedor concreto». Además, no está suficientemente acreditada la experiencia de las empresas adjudicatarias ni la solvencia.

La empresa Comunicacions dels Ports, propiedad del hermano de Ximo Puig, y Canal Maestrat, de la familia Adell Bover, fueron contratadas por À Punt de manera directa para cubrir informaciones en comarcas de la provincia de Castellón. Es cierto que en los dos casos el contrato no fue de los más altos y se pagaron 9.000 euros (sin incluir el IVA).

Pero la Sindicatura en ningún caso quedó conforme con la forma de actuar de À Punt e instó a la cadena pública a poner en marcha un concurso dividido en lotes para que fueran varias empresas y no una sola las que pudieran optar a los contratos «con arreglo a los principios de publicidad y transparencia».

Desde la cadena que dirige Empar Marco se atendió la recomendación de la Sindicatura no sin antes matizar que la Ley de Contratos del Sector Público no obliga a pedir más ofertas en para adjudicar un contrato menor. Al ser detectada que la necesidad de imágenes de comarcas se iba a prolongar en años sucesivos, À Punt puso en marcha un concurso público en lotes con contratos no menores para que las productoras trabajaran durante todo el año.

A principios de 2019 se puso en marcha el proceso y las productoras del hermano de Ximo Puig y de la familia Adell Bover se presentaron a tres de los lotes ofertados. Los empresarios orquestaron una maniobra que les permitía con el pacto de precios quedarse con los tres lotes a los que aspiraban.

Una artimaña que fue detectada por la mesa de contratación del concurso público. Comunicacions dels Ports, la empresa de Francis Puig y ganadora de uno de los lotes, se retiró del proceso de manera voluntaria al ser sorprendida y antes de ser expulsada. Kriol y Canal Maestrat, que son propiedad de la familia Adell Bover y con fuertes vinculaciones laborales con Francis Puig, fueron expulsadas del proceso. Las tres empresas están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia.