La Sindicatura eleva su alerta por el gasto injustificado de la subvención de los partidos en Les Corts

La Sindicatura de Comptes ha dado un paso más en su crítica al modo opaco en que los grupos parlamentarios gastan el dinero que reciben del parlamento valenciano. El borrador del informe de fiscalización de las cuentas de la Cámara en 2019 que ya maneja la Mesa de Les Corts eleva su alerta sobre una partida sustancial, de casi 3,7 millones de euros, respecto a la cual se dispone de una transparencia prácticamente nula. El organismo estatuario encargado de auditar la contabilidad de las diferentes instituciones que conforman la Generalitat ha elaborado un informe donde la recomendación para que los partidos den explicaciones de cómo gastan ese dinero ha pasado a ser un reparo, una salvedad.

«En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de las cuestiones descritas en el apartado 4, las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de Les Corts a 31 de diciembre de 2019», señala el informe de la Sindicatura. Es decir, que la auditoría respecto al manejo contable de la Cámara tiene el visto bueno del auditor. Excepto por el apartado 4. ¿Y qué aparece en ese punto? Las salvedades, los reparos. O sea, lo que no está claro.

Hay tres salvedades, una motivada por una cuestión técnica (el modo de computarse el dinero que sobra en Les Corts, remanentes que deben devolverse al Consell), la otra vinculada al inventario del patrimonio de la Cámara (la valoración está desfasada) y una tercera vinculada a las subvenciones para los grupos parlamentarios.

El problema con la falta de justificación del modo en que los partidos se gastan el dinero que les aporta Les Corts lleva de cabeza al presidente de la Cámara, Enric Morera, durante los últimos tres años. El nacionalista insiste públicamente desde 2018 que se trata de una opacidad inadmisible. La Sindicatura recomendaba aportar luz sobre esas ayudas desde su primera auditoría, correspondiente a las cuentas de 2015, tal y como ya avanzó en exclusiva LAS PROVINCIAS. Los partidos políticos llevan haciéndose los suecos respecto a esta anomalía desde entonces. Dicen que lo van a arreglar pero no lo arreglan. Hay 3,7 millones de euros en juego que se usan con una discrecionalidad sospechosa, por no decir temeraria.

¿Se pagan sobresueldos, compensaciones bajo mano? ¿Contrataciones irregulares de asesores que en realidad trabajan para otra cosa? ¿Financiación de las campañas electorales a costa de unas subvenciones que deben emplearse para la actividad parlamentaria? No se sabe porque los partidos se han encargado de que no se sepa y, a pesar de la insistencia de Morera, la mayoría del Botánico en la Cámara no desbloquea esa opacidad.

Por todo ello, desde la Sindicatura han decidido poner negro sobre blanco que no pueden comprobar qué pasa con esas subvenciones. El informe sitúa esa partida en el catálogo de salvedades porque el auditor no se atreve a opinar, ante lo que el auditor exonera a la institución fiscalizadora de cualquier tipo de responsabilidad. Lo que era una recomendación ha pasado a ser un problema, un agujero negro al que la Sindicatura no da su aval de legalidad. El auditor eleva el rango de la valoración negativa sobre el modo en que se gastan el dinero público los partidos.

La institución que dirige Vicent Cucarella alerta de que «los expedientes de la mayor parte de las subvenciones» que reciben los seis partidos con representación en la Cámara (PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís, Vox y Podemos) «carecen de la documentación necesaria que permita a esta Sindicatura de Comptes obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si los grupos parlamentarios han destinado las subvenciones recibidas a financiar gastos relacionados con su actividad parlamentaria, si las cuentas que han presentado muestran la imagen fiel de sus actividades«, o si se han gastado de manera incorrecta y las ayudas deben devolverse a Les Corts». Ante tal coraza con la que los partidos se han blindado, el auditor se abstiene de dar el visto bueno a los gastos de los grupos parlamentarios.