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burguera
Martes, 30 de junio 2020, 00:11
Los «señores de negro» llegaron por primera vez a Les Corts en marzo de 2017. Los auditores de la Sindicatura de Comptes estrenaron entonces un control de las cuentas parlamentarias que se circunscribió a 2015 y parte del 16. Pocas cosas han cambiado desde entonces en cuanto a las salvedades que incluye el síndico ante los asientos contables del parlamento valenciano. Los principales limbos de entonces son los mismos que ahora. A lo largo de aquel primer informe se incidía en las dificultades para comprobar y fiscalizar los gastos que los diputados pasan a la Cámara en función del kilometraje que, según ellos, realizan habitualmente. A la Sindicatura le sorprendía la falta de control. Ahora ya no le sorprende, pero lo sigue reflejando. Si algún día hay un problema con este asunto, la institución auditora podrá alegar, al menos, que ellos lo avisaron durante años. La Sindicatura acaba de finalizar su informe sobre las cuentas de Les Corts. Sin sorpresas: el kilometraje continúa siendo un agujero negro.
El análisis contable señala (según confirman a este diario tres fuentes de distintos partidos) la falta de justificación real de los gastos que presentan sus señorías, que en muchos caso son ciertos, si bien hay dudas respecto a algunos desplazamientos. Como no existe comprobación, tanto los que se realizan honestamente como los que algunos diputados 'cuelan' acaban en el mismo limbo para la Sindicatura.
La institución auditora insiste otro año más en que los gastos que los diputados alegan deberían pasar por un procedimiento regulado y reglado. De ese modo, la documentación se podrá comprobar y verificar de algún modo. Actualmente, se apela a la buena fe. No se trata de una cantidad anecdótica. Son miles de euros.
El último informe de la Sindicatura corresponde al año 2018, está pendiente de convertirse en definitivo una vez se resuelvan las alegaciones, y refleja esa alergia a justificar los gastos de kilometraje. Todos los partidos, excepto Vox que no está presente en la Mesa de Les Corts (el órgano rector de la Cámara), son conocedores de esas advertencias del auditor. El problema se constató ya en 2017, con aquel primer informe. El último, que circula entre los miembros de Les Corts desde la semana pasada, lo vuelve a confirmar. Desde la presidencia del parlamento se insta a un acuerdo para mejorar la fiscalización. Sin embargo, todos miran hacia otro lado. Pocas veces es tan pertinente recordar que las instituciones las componen personas, y en este caso los grupos parlamentarios representados en la Mesa (todos, excepto Vox) están integrados por los diputados, que son los que cobran ese kilometraje pendiente de justificar de manera fehaciente. Ellos lo saben. La Sindicatura lo sabe. Todos los saben, pero nadie hace nada. Da igual que sean partidos de izquierda o de derecha, nuevos o viejos. Todos callan. El propósito de enmienda no se vislumbra, sólo se constata el deseo de seguir cobrando por conceptos que la Sindicatura reprueba por no estar debidamente justificados.
La indemnización por el ejercicio de la función, que se corresponde con lo que se conoce como plus distancia, se divide en tres tramos. Los diputados que viven a menos de diez kilómetros del Palau de Benicarló perciben 306,5 euros al mes. Aquellos que residen entre diez y cien kilómetros cobran un complemento de 612,12 euros mensuales, y los que están empadronados a una distancia superior a los cien kilómetros cobran un fijo mensual de 918,16 euros. Este es el plus al que renunciaron sus señorías durante el periodo del estado de alarma por el coronavirus. Una medida acorde al teletrabajo, porque los diputados en la mayoría de los casos no se desplazaron a Les Corts durante varias semanas y el plus no se ajustaba a su sentido, que no es otro que contribuir al alojamiento y manutención.
Además de esta cantidad, los diputados cobran una variable por kilometraje en función de los desplazamientos que realizan al mes a Les Corts para participar en plenos y comisiones. Un doble ingreso que podría habilitar un presunto fraude por parte de algunos diputados que cobran sin hacer el trayecto. Un doble cobro, sin justificar y una parte exenta de tributación. Un dato que expertos en fiscalidad ponen bajo el foco de la sospecha y que defienden que incumple la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tal y como ya adelantó este periódico el pasado mes de febrero. El pago por kilometraje de Les Corts Valencianes a sus diputados es uno de los más caros de España. El Parlamento de Andalucía abona 0,25 euros por kilómetro recorrido. La misma cantidad abona el Congreso en Madrid pero en este caso sus señorías deben justificar cada viaje, algo que no pasa en el Parlamento valenciano. En Asturias el precio por kilómetro es de 0,18 euros, por debajo del máximo que establece la ley para no tributar. En la Comunitat, el precio se dispara hasta los 0,32 euros por kilómetro.
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