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Sábado, 12 de junio 2021, 00:12
La Sindicatura de Comptes ha remitido a Les Corts sus peticiones de cara a preparar una auditoría anual que, desde que ... se pusiera en marcha en 2016, supone un quebradero de cabeza para la Cámara. Algunos de sus síndicos, como el socialista Manolo Mata, ya ha expresado su escasa simpatía por el modo en que el órgano estatutario analiza las cuentas parlamentarias. Los partidos, durante años, prácticamente no dieron importancia a las recomendaciones de la institución que dirige Vicent Cucarella, que parece que tomó nota de tal displicencia. Ahora pretende también tomar nota de los nombres y apellidos de los responsables en los grupos parlamentarios de las subvenciones que reciben de Les Corts. De esta manera, la investigación de la Sindicatura sobre cómo los partidos gastan el dinero público de la Cámara estrecha el cerco sobre las personas. Se busca quién obvia sus reclamaciones de transparencia en cada partido. Ya no es una disputa entre las dos instituciones, cuyas relaciones no es que vivan, precisamente, su mejor momento.
Es peculiar la cantidad de cosas que se piden después de seis años de auditorías ininterrumpidas, sistemáticas a Les Corts. Se trata de un trabajo que, en cuestiones de honorarios puede suponer más de 200.000 euros, recursos para radiografiar las cuentas de la Cámara, un seguimiento prácticamente inédito en otros entes de la Generalitat. Año a año se incrementa la presión sobre unas cuentas que, sin embargo, no presentan más anomalías que la ausencia de control sobre esos cuatro millones que se dan a los grupos y que Les Corts no tiene, por ley, jurisdicción para auditar de manera pormenorizada. Ante tales impedimentos, la Sindicatura parece haberse decidido a incrementar la presión.
La Sindicatura pide que se identifique a los responsables de los grupos a la hora de gestionar las subvenciones. El organismo que dirige Cucarella se pasó tres años recomendando transparencia. Los grupos parlamentarios se lavaban las manos. Sin embargo, en el informe de 2019, la Sindicatura elevó a rango de salvedad lo que antes era una recomendación. Era una limitación al alcance de la auditoría. Fue a partir de entonces que los grupos decidieron tomarse en serio la situación.
En marzo alcanzaron un acuerdo para ofrecer los datos que justifiquen las subvenciones. Tarde, porque hasta enero de 2022 no se iniciará ese control efectivo de las cuentas. Por todo esto y teniendo en cuenta el informe de 2019, tras convertir en salvedad esa opacidad en los gastos, la Sindicatura no puede dejar pasar esa misma observación. En la próxima auditoría, la de 2020, se volverá a reflejar ese reparo. La novedad es que reclama a Les Corts «datos de las personas responsables de los grupos parlamentarios a los que la Sindicatura pueda requerir la remisión o puesta a disposición de la documentación relacionada con las subvenciones del ejercicio 2020». Es la primera vez que se pide eso.
De este modo, la Sindicatura adquiere un protagonismo que convierte la situación en complicada, ya que los auditores señalan sistemáticamente la falta de fiscalización de más de la quinta parte del presupuesto de Les Corts. Busca responsables de la gestión de los grupos parlamentarios al margen de los acuerdos de Les Corts, que institucionalmente pierde relevancia en esa investigación que la Sindicatura parece decidida a someter a los partidos.
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