La Sindicatura reprocha al Botánico desentenderse de la protección a los menores

La Sindicatura ha dado a conocer una resolución, con fecha del 29 de diciembre, fundamentada en un trabajo de campo en el que ha colaborado la Universidad de Alicante, una investigación con cuestionarios remitidos a más de un centenar de ayuntamientos. El documento recoge más de una quincena de recomendaciones en relación a la gestión de los servicios sociales anterior a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. Es decir, sobre las políticas del Botánico. El objetivo es elaborar un diagnóstico de la realidad social y administrativa en torno a las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunitat y su abordaje desde los servicios sociales.

La Generalitat ha aceptado parcialmente las recomendaciones. Sin embargo, ha rechazado otras, las relativas a la recopilación de datos en general, además de los indicadores de riesgo y sobre las dificultades para cubrir las plantillas previstas en los contratos-programa que sirven para los servicios sociales locales, que es la base del sistema.

En este sentido, la Sindicatura lanza un duro reproche: «Da la impresión de que la Conselleria está eludiendo la responsabilidad última que tiene asignada conforme a la legislación vigente en la planificación y evaluación de las prestaciones, así como en la colaboración, coordinación y cooperación con otros sistemas y servicios públicos».

No es la primera vez que chocan los criterios de la Sindicatura de Greuges y de la conselleria que durante el Botánico lideró en exclusiva Compromís. En realidad, los roces fueron numerosos y en algún caso muy públicos y notorios. Un enfrentamiento a las claras y por fases, con tiempos de paz, pero con otros de auténtica batalla. El informe de la Sindicatura parece culminar aquel desencuentro.

Luna considera inaceptable que la Conselleria de Igualdad se escudara en la independencia municipal y en la división de competencias para no recopilar datos que sirvieran para, a juicio de la Sindicatura, poder coordinar las políticas de protección a los menores.

«Argumentar distribución competencial en esta materia (...) significaría la renuncia al liderazgo que en materia de servicios sociales y, en particular, de protección a la infancia y adolescencia, debe ejercer la Conselleria», concluye la Sindicatura, que hace una «mención especial» en la resolución a «la reticencia de la administración (autonómica) a recabar datos no solo de la atención primaria específica sino también de la atención primaria básica, apelando a que es competencia municipal».

La Sindicatura considera que rechazar la responsabilidad de hacer acopio de los datos relativos a los servicios sociales «entra en contradicción» con el hecho de que la propia conselleria dictase instrucciones que le permití hacer seguimiento y evaluación de la actividad de los municipios con el fin de «analizar la situación de la Comunitat».

«Que la entidad competente (la conselleria) en materia de infancia y adolescencia no recoja la información refleja que obvia que la protección a la infancia y la adolescencia arranca desde el momento en el que se detecta una posible situación de riesgo y comienza la intervención, e impide una adecuada planificación de los servicios», advierte la Sindicatura. Es decir, que no se previene el maltrato y el riesgo para los menores si se desconocen los datos básicos, que «debe ser una tarea básica de la conselleria».

En este sentido, y si hay lugar a dudas, el informe indica: «Algunas de las respuestas dadas por la Conselleria a las recomendaciones del Síndic parecen obedecer a un intento de evitar su responsabilidad última en el diseño e implantación del sistema de protección a la infancia y adolescencia».