La Sindicatura reprocha a 18 organismos públicos que no aprueben sus cuentas a tiempo

El informe de la Sindicatura de Comptes hecho público ayer no sólo alerta del agujero contable de la propia Generalitat sino que también dedica varios volúmenes al análisis de los organismos públicos en los que reprocha a un total de 18 firmas que no aprobaron sus cuentas en tiempo y forma.

La entidad fiscalizadora que encabeza Vicent Cucarella recuerda que esta situación «debería evitarse en ejercicios futuros, pues las cuentas anuales de las empresas públicas de la Generalitat han de ser aprobadas por los órganos colegiados correspondientes,debiendo ser realizado este trámite con anterioridad a la rendición de aquellas a la Sindicatura de Comptes«. Las sociedades mercantiles y entidades públicas que no aprobaron sus presupuestos a tiempo fueron la Entitat Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el Plan Cabanyal-Canyamelar (PCC), la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) de la que forma parte el exconseller Andrés García Reche.

Estas no han sido las únicas firmas que no han cumplidos los plazos establecidos desde la administración ya que la Sindicatura ha comprobado que han sido aprobadas, con posterioridad al plazo de los primeros seis meses del ejercicio siguiente al que corresponden, que establece la legislación mercantil, las cuentas anuales de Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD), Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA), Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA), el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), el IVAM y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE). En este punto, se recrimina que la conselleria de Hacienda no ha remitido a la Sindicatura de Comptes, las cuentas anuales del ejercicio 2018 de la SGISE.

Los consorcios también están en el punto de mira de la entidad fiscalizadora por no cumplir los plazos y en el documento se señala de forma directa al Hospital General de Valencia, al Hospital Provincial de Castellón así como al Consorcio Espacial Valenciano (USC). Además, también se recrimina este aspecto a fundaciones como la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación (FEPORTS), la Fundación para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) y la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación (FEPORTS).

La Sindicatura pone encima de la mesa que se puede haber concurrido en una ilegalidad ya que la AVI, SGISE y Proyecto Cultural Castellón (PCC) nunca se han llegado a presentar los informes de auditoría de regularidad contable que han de acompañar a las cuentas anuales, de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública.

El informe también dedica un apartado a verificar si las empresas han solucionado aquellas incidencias que se resaltaron en otros ejercicios. De forma mayoritaria, todos los puntos que se consideraban urgentes se han abordado mientras que las sugerencias se han cumplido solo de forma parcial. Entes como la Fundación Palau de les Arts Reina Sofia aún tienen que aplicar ciertas reformas de carácter menor que se solicitaron desde el organismo.

Vicent Soler, conseller de Hacienda, destacó ayer el hecho de que la Sindicatura advierta de que la «discriminación» financiera de la Comunitat Valenciana, que es la que motiva la inclusión de la partida ficticia de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos. También reconoció que se evidencia que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de esta infrafinanciación, «condicionará negativamente el desarrollo futuro».

El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, afirmó ayer que con el Gobierno de Ximo Puig los valencianos «solo tenemos más deuda, más déficit y más impagos» y señaló que la cuenta de 2018 demuestra «la nefasta gestión económica» del Consell. «Además de estos malos datos se puede comprobar cómo la Generalitat no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos» sentenció el parlamentario popular.

La diputada de Ciudadanos Ruth Merino manifestó que el hecho de que la Comunitat tenga menos dinero y esté peor financiada «no es una carta blanca para poder gastar todo lo que se quiera sin todo el control que se debiera». «Se debería tener más responsabilidad a la hora de gastar porque si no, ocurre lo que ocurre, el déficit y la deuda aumentan y nos lleva a una situación cada vez más insostenible», incidió.

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, subrayó la «gran alegría» que supone para el Consell que el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat refleje que «no hay responsabilidad contable», «a diferencia de lo que ocurría con anteriores Gobiernos del PP», cuando la Sindicatura de Comptes «recomendaba llevar las cuentas al Tribunal de Cuentas estatal o a la Fiscalía».

La diputada de Compromís Graciela Ferrer señaló que el informe demuestra que la administración «funciona de una manera razonable y eficaz» y que el problema recurrente es «la falta de financiación para poder dar los servicios a los que tienen derecho de los ciudadanos». En este sentido, remarcó que seguirán defendiendo una financiación justa, especialmente, en relación con la ley de la Dependencia, que se cofinancia con el Estado.

La diputada de Unidas Podemos en Les Corts Irene Gómez destacó que el informe de fiscalización refleja «mayor gasto» en el ejercicio 2018 porque «se están haciendo cosas en beneficio de la ciudadanía, no significa gasto porque sí». La parlamentaria señaló que su grupo «que hay mayor gasto porque se están haciendo cosas en beneficio de la ciudadanía valenciana, no significa gasto porque sí».