La Sindicatura vuelve a escarbar en las cuentas de Les Corts

Aunque vistan de claro, en Les Corts son conscientes de que tienen en sus oficinas a los 'hombres de negro'. Un equipo de auditores de la Sindicatura de Comptes ha desembarcado de nuevo en los despachos del parlamento valenciano con el objetivo de escarbar las cuentas. Se trata de una fiscalización que, a petición del fallecido expresidente de la Cámara Juan Cotino, se inició tras la llegada del tripartito al poder. Y desde la primera revisión de las cuentas, la institución auditora que dirige Vicent Cucarella apunta hacia el mismo agujero negro: la falta de control en los gastos de los partidos. Este año volverá a ocurrir, para disgusto de los grupos parlamentarios.

En la institución que actualmente preside Enric Morera se vive con notable disgusto la exhaustiva fiscalización a la que es sometida cada año. De hecho, la tensión entre las dos entidades, Sindicatura y Les Corts, se ha incrementado paulatinamente con cada auditoría.

Los partidos se cerraron en banda durante muchos años a atender a los requerimientos de los auditores. Sin embargo, la insistencia de las denuncias por la opacidad en los gastos ha propiciado que, finalmente, hace un año, se llegase a un acuerdo para iniciar un proceso de rendición de cuentas a partir del presente ejercicio.

Precisamente, por los plazos establecidos, la auditoría que ahora se inicia volverá a señalar el mismo problema: la opacidad de los grupos a la hora de justificar con facturas el modo en que gastan los cuatro millones que, en su conjunto, reciben por parte de Les Corts para sus gastos y contrataciones.

Los partidos políticos aprobaron a regañadientes un pacto para que, a partir de este año, las cuentas de los grupos parlamentarios ganasen en transparencia. Durante la primera mitad de año, dos partidos, PP y PSPV, no habían presentado en julio el exhaustivo compendio de material justificativo de los gastos del primer trimestre del presente ejercicio.

A cuantos más escaños, más dinero se recibe de subvención pública por parte de Les Corts. Eso supone que, gracias a esas ayudas, los partidos pueden contratar personal e incluso derivar dinero hacia los propios partidos. En este sentido, en la primera mitad del año se registró algún caso de falta de presentación del convenio por el cual se justifica a cambio de qué el grupo parlamentario deriva las ayudas públicas de Les Corts hacia las arcas de la maquinaria orgánica de sus siglas.

Las medidas para adecuarse a las demandas de la Sindicatura han agitado los grupos. Los ajustes incluyen actuaciones de muy dudosa legalidad que incluso chocan con la última reforma laboral en todo lo relacionado con el personal interino.

«Hay un problema importante en materia de contratación de la gente», admiten fuentes parlamentarias. Se pretende despedir a todo el personal cuando acabe legislatura y que los mismos grupos vuelvan a contratar al inicio de la siguiente a personal nuevo, o a los mismos, lo que supondría caer en una clásica sucesión de empresas, algo poco compatible con la legalidad vigente. Grupos como el de Compromís ya inició una política de despedidos que ha disparado la tensión interna y ha generado conflictos en los tribunales.

El personal interino de los grupos ya ha comenzado a buscar asesoramiento legal, por lo que el clima laboral no es, obviamente, el mejor posible. Y es en estas circunstancias tan enrarecidas que los auditores de la Sindicatura vuelven a desembarcar en Les Corts. Fuentes parlamentarias admiten que no hay previsto ningún tipo de sanción ni de medidas para los partidos que no cumplan con las normas que ellos mismos se han dado para mejorar su transparencia, por lo que no sería de extrañar que las deficiencias que los auditores volverán a encontrar este año se repitan cuando, por estas mismas fechas, vuelvan a desembarcar el próximo ejercicio.

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