El sistema de alertas anticorrupción del Consell espera su aplicación total a los cuatro años de aprobarse

El sistema se fundamenta en el cruce de los datos entre las distintas áreas del Gobierno valenciano. Según confirman fuentes de, al menos, dos consellerias, el Satan, denominado finalmente como Saler, no se ha implementado en el día a día de la tramitación de contrataciones y subvenciones en la Generalitat. Le está costando al Consell implantar su propio sistema, dependiente de la Inspección General de Servicio, departamento adscrito a la Conselleria de Administración Pública, que hace un mes constituyó la comisión técnica que asesora al comité interdepartamental que desarrolla una herramienta presentada en su momento junto al informático italo-francés Hervé Falciani, famoso hace diez años por su papel a la hora de desvelar casos de evasión fiscal.

Falciani participó en reuniones con destacados miembros del Consell durante la primera legislatura del tripartito. Desde la Generalitat se anunció su participación en diferentes proyectos vinculados con la lucha contra la corrupción. Los partidos del Botánico tenían el foco puesto en las malas prácticas del PP durante sus años en el Gobierno valenciano. Les Corts se saturó de comisiones de investigación. La colaboración de Falciani se convirtió en un aval para una herramienta de cruce de bancos de datos que, a día de hoy, no se ha implementado en el día a día de todas las consellerias. Hace pocas semanas, Falciani advertía de la importancia de actuar con rapidez ante la corrupción por considerar que los autores de malas prácticas no se quedan sentados esperando a ser detectados.

La primera inversión del Consell fue de 55.000 euros, con el fin de crear el programa informático, en 2017. Su implantación avanza muy lentamente. La mecánica consiste, básicamente, en que cuando se tramite una contratación o se impulse un plan de ayudas, en el caso de que una empresa o una persona aparezca en varias bases de datos relacionada, por ejemplo, con adjudicaciones menores (sin concurso público), el sistema lance una alerta que permita comprobar que no se está produciendo un fraccionamiento de contratos. Fuentes de la Conselleria de Administración Pública de dirige Gabriela Bravo señalan que la implementación «es una tarea continua». Hasta ahora se ha actuado sobre el área de los conflictos de intereses de los cargos de la Generalitat, su posible relación con empresas contratantes. En la actualidad se trabaja para incorporar las bases de datos de contratos y subvenciones, es decir, el grueso de la actividad donde pueda registrarse algún tipo de anomalía.

Para promover la coordinación y la colaboración de los diferentes departamentos del Consell, la ley prevé la creación de una comisión con el objetivo de establecer un seguimiento y control de los riesgos de irregularidades y malas prácticas en la gestión administrativa. Falciani se convirtió en una especie de heraldo contra la evasión fiscal y la corrupción por su colaboración desde 2009 con la Justicia al desvelar cuentas bancarias de más de 100.000 evasores fiscales con dinero en bancos suizos, datos que sustrajo del banco HSBC, la denominada 'Lista Falciani'.

El pleno de Les Corts aprobó en octubre de 2018, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, así como la abstención del PP, la Ley de Inspección General de Servicios. Ahí se incluía el sistema para detectar de forma temprana posibles irregularidades. Además de Falciani, el entonces conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, presentaron el anteproyecto de ley un año antes asegurando que también habían colaborado Transparencia Internacional y la Fundación Baltasar Garzón. Pero las cosas de palacio van despacio. Y las de la Generalitat, también.

La Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas (CIPIMAP) se constituyó el 11 de febrero de 2020. Es un comité formado cargos de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, cuya segunda reunión se celebró 22 meses después por videoconferencia, donde se solicitó formar la comisión técnica para establecer cuáles son los puntos negros de la Generalitat, los posibles focos de problemas, una delegación técnica que se constituyó el pasado mes de marzo. Con calma.